El diputado Alejandro Tafolla encendió una nueva alerta sobre la corrupción y la impunidad en el segundo municipio más grande del estado. Denunció que más de un centenar de casos de presunto desvío de recursos cometidos durante la administración del exalcalde Ignacio Campos Equihua permanecen archivados sin resolución judicial.

Según Tafolla, las denuncias fueron presentadas por el entonces alcalde Carlos Manzo Rodríguez semanas antes de su asesinato el 1 de noviembre. “Ni una sola carpeta avanzó, todo fue congelado por órdenes del fiscal Adrián López Solís”, afirmó el legislador, quien sostiene que el sistema de justicia actuó con complicidad.

Los expedientes incluirían desvíos millonarios de recursos federales destinados a obra pública, contratos irregulares con empresas fantasma y manejo discrecional de fondos municipales. Tafolla asegura que algunos exfuncionarios señalados continúan activos en la política local o en dependencias estatales.

“La corrupción no solo se tolera, se protege desde la Fiscalía”, declaró. El legislador pidió al actual fiscal Carlos Torres Piña revisar las carpetas interpuestas por Manzo y transparentar el seguimiento de los casos.

Organizaciones ciudadanas de Uruapan respaldaron la exigencia y recordaron que el municipio arrastra desde hace años un historial de crisis financiera y obras inconclusas. En 2023 la Auditoría Superior de Michoacán detectó anomalías por más de 90 millones de pesos sin sanciones a los responsables.

Tafolla advirtió que si no hay avances judiciales en el corto plazo solicitará la intervención de la Fiscalía Anticorrupción federal y de la Secretaría de la Función Pública. “No se trata de revancha política, sino de honrar el trabajo de un alcalde que se atrevió a denunciar”, expresó.

El caso expone la fragilidad institucional de Michoacán, donde los delitos de corrupción rara vez llegan a sentencia. De 415 carpetas abiertas entre 2021 y 2024, menos del 2 por ciento derivó en proceso penal.