El diputado Vicente Gómez presentó ante la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán una iniciativa para armonizar las reformas federales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con la legislación estatal, con el objetivo de consolidar un marco jurídico coherente que garantice la equidad de género y la eliminación de discriminaciones en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
La igualdad sustantiva implica más que la igualdad formal ante la ley: busca asegurar que mujeres y hombres tengan oportunidades efectivas y acceso equitativo en educación, empleo, participación política, cultura, deporte, ciencia y tecnología, así como protección frente a la violencia de género. Según datos de organismos estatales, la participación femenina en cargos de decisión y ciertos sectores productivos aún presenta brechas significativas, lo que justifica la necesidad de armonizar normas locales con la legislación federal.
La iniciativa propone adaptar el ordenamiento jurídico estatal a los estándares de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otras disposiciones federales que establecen criterios de igualdad en ámbitos social, político y económico. Entre las acciones previstas se encuentran la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres, la promoción de la participación equitativa en espacios de decisión y la garantía de igualdad de derechos en la vida laboral, educativa y cultural.
El diputado destacó que la armonización permitirá fortalecer mecanismos institucionales y políticas públicas, así como mejorar la supervisión y el cumplimiento de los derechos de las mujeres. La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen, donde especialistas, colectivos de mujeres y organizaciones civiles podrán aportar observaciones y recomendaciones técnicas.
Con esta propuesta, se busca que la legislación de Michoacán refleje de manera consistente los principios de la normativa federal y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, promoviendo así un entorno legal que respalde la equidad de género y la participación plena de las mujeres en la sociedad.