La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para la selección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso que avanzó sin el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que contempla la posibilidad de definir los nombramientos mediante sorteo en caso de no alcanzarse un consenso legislativo.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el procedimiento establece la integración de un Comité Técnico de Evaluación encargado de revisar los perfiles de las personas aspirantes, quienes deberán cumplir con distintas etapas como registro, evaluación curricular, examen y entrevistas. Posteriormente, la Junta de Coordinación Política elaborará listas de candidaturas que serán sometidas a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

El proceso requiere una mayoría calificada para la designación de los consejeros, por lo que, en caso de no lograrse los acuerdos entre las fuerzas políticas, se prevé la insaculación como mecanismo final para definir a quienes ocuparán los cargos, un método que ya ha sido utilizado en procesos anteriores dentro del propio órgano electoral.

Los nuevos consejeros sustituirán a integrantes cuyo periodo concluye en abril, por lo que la convocatoria busca cumplir con los plazos establecidos en la legislación electoral vigente. El procedimiento se reactivó luego de que no prosperaran modificaciones constitucionales en materia electoral, lo que permitió continuar con el esquema actual para la integración del instituto.

El rechazo del PRI a la convocatoria se dio durante la discusión legislativa, en un escenario marcado por diferencias entre las bancadas respecto al proceso de designación y a las condiciones en que debe desarrollarse la elección de los nuevos integrantes del órgano electoral.

La renovación de estas posiciones forma parte de los mecanismos institucionales para garantizar la operación del INE, organismo responsable de organizar los procesos electorales federales en el país. La definición de los perfiles ocurre en un entorno político en el que las decisiones relacionadas con el instituto han sido objeto de debate entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso.