La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para sancionar con hasta 25 años de prisión a quienes recluten personas para incorporarlas a grupos delictivos, con penas mayores cuando existan amenazas, violencia, intimidación o abuso de poder.

El dictamen recibió 419 votos a favor durante la sesión del martes 20 de octubre y plantea incorporar un capítulo específico sobre reclutamiento forzado a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. La propuesta fue turnada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.

Las sanciones contemplan de 10 a 20 años de prisión para quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para integrarlas a organizaciones criminales. Cuando la captación se realice mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de poder, la pena aumentará de 15 a 25 años.

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que la incorporación de niñas, niños y adolescentes a grupos delictivos será considerada reclutamiento forzado, independientemente de los medios utilizados para captarlos.

El proyecto también contempla incrementar las penas hasta en una mitad cuando los responsables sean servidores públicos, integrantes o exintegrantes de las Fuerzas Armadas o utilicen conocimientos adquiridos en actividades de seguridad privada para cometer el delito.

El agravante también aplicará cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, o se encuentren en situación de movilidad humana. En el caso de funcionarios públicos involucrados, se prevé su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Durante la discusión, legisladores de distintas bancadas señalaron que la reforma busca proporcionar herramientas jurídicas para investigar y perseguir el reclutamiento criminal, una práctica que afecta a personas adultas y menores de edad mediante engaños, amenazas y falsas ofertas de empleo.

Tras la aprobación en San Lázaro, las legislaturas de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales para armonizar sus leyes locales con el decreto federal.