La Cámara de Diputados aprobó en lo general un paquete de ocho nuevas leyes y reformas a otras dos que revierten la política energética vigente desde 2013, otorgando al Estado un mayor control sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La aprobación se dio con 332 votos a favor, provenientes de Morena y sus aliados, y 83 en contra por parte de la oposición.
El dictamen, emitido por la Comisión de Energía, introduce el concepto de justicia energética y establece la primacía del Estado sobre el sector privado, aunque este último mantiene una participación controlada; además, busca avanzar hacia una estrategia de transición hacia energías limpias.
Una de las modificaciones clave es la creación de la Comisión Nacional de Energía, un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Energía que reemplazará a la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
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La nueva comisión tendrá independencia técnica y operativa y regulará el mercado del sector energético nacional.
El dictamen también obliga a Pemex y a la CFE a elaborar un programa para reducir el impacto ambiental de sus actividades, orientando sus esfuerzos hacia un desempeño más eficiente y procurando la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de energías renovables y limpias.
La vicepresidenta de la Cámara, Dolores Padierna Luna (Morena), calificó el paquete como el inicio de “una nueva era en la política energética nacional”, revirtiendo décadas de control por intereses privados.
La oposición, por su parte, criticó la reforma. Ariana del Rocío Rejón (PRI) afirmó que “Pemex estaba mucho mejor antes con el PRI”, mientras que Genoveva Huerta Villegas (PAN) acusó a la reforma de estar basada en ideología y permitir la evasión de controles en las contrataciones directas.
Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados entró en la discusión en lo particular de 140 reservas presentadas.