La Cámara de Diputados aprobó una reforma que eleva a rango constitucional el derecho a una vivienda adecuada para las personas trabajadoras.

La iniciativa, conocida como la “Reforma de Vivienda para los Trabajadores”, también transforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en constructor y arrendador, ampliando las oportunidades de acceso a viviendas dignas.

Con el respaldo de una amplia mayoría, los legisladores acordaron que todas las empresas, ya sean agrícolas, industriales, mineras o de cualquier otra naturaleza, deberán garantizar que sus trabajadores cuenten con viviendas cómodas e higiénicas.

La obligación se formaliza a través de la reforma del artículo 123 de la Constitución, que establece que las empresas contribuirán a un fondo nacional de vivienda destinado a depositar recursos en favor de sus empleados.

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El Fondo Nacional de Vivienda, bajo la nueva regulación, establecerá un sistema de vivienda con orientación social. Dicho mecanismo tiene como objetivo facilitar a las personas trabajadoras el acceso a créditos accesibles y suficientes para la adquisición o mejora de sus viviendas.

Además, el Fondo tendrá la capacidad de invertir sus recursos en la compra de terrenos y en la construcción de viviendas que estarán disponibles para compra o arrendamiento, en los términos que establezca la ley.

Una de las disposiciones más relevantes de la reforma indica que, tras un año de cotización, las personas trabajadoras podrán acceder a viviendas en arrendamiento social que sean propiedad del Infonavit.

En ese esquema, se garantiza que la mensualidad no sobrepase el 30 % del salario de los trabajadores, promoviendo así la estabilidad económica y el bienestar familiar.