La Cámara de Diputados avaló en lo general la nueva legislación en materia de transparencia, impulsada por Morena y sus aliados, que implica la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la creación del nuevo órgano administrativo desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo”.
El dictamen fue aprobado con 321 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 125 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Se prevé que las más de cien reservas presentadas por la oposición sean desechadas durante la discusión en el pleno.
La reforma crea la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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De acuerdo con el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja, el nuevo esquema descentraliza el acceso a la información y traslada las funciones del Inai a 18 autoridades especializadas, generando un ahorro anual de casi mil 100 millones de pesos.
La oposición criticó la iniciativa, argumentando que la legislación pone en riesgo la transparencia y el acceso a la información al concentrar el poder en el gobierno federal.
Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el nuevo órgano desconcentrado será parte del gobierno, mientras que Héctor Jaime Ramírez, del PAN, señaló que se podrá compartir información privada sin consentimiento.
Por su parte, Claudia Rivera Vivanco, de Morena, defendió la reforma argumentando que el Inai fracasó debido a la “ambición de unos cuantos” y que las nuevas leyes garantizarán una “auténtica transparencia”.
Los derechos laborales de los trabajadores del Inai serán respetados y los recursos humanos y materiales del Instituto serán transferidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras que los recursos financieros pasarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.