La Cámara de Diputados aprobó , en lo general, el dictamen que da origen a una nueva Ley General de Aguas y que modifica diversos aspectos de la Ley de Aguas Nacionales, tras una sesión que se prolongó por más de seis horas. El proyecto obtuvo 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones.

Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa plantea un rediseño integral del marco jurídico para el uso, administración y distribución del agua en México. Entre sus objetivos centrales se encuentran ordenar el sistema de concesiones, establecer lineamientos más estrictos sobre el uso del recurso en actividades productivas y garantizar su disponibilidad para toda la población.

Las bancadas de Morena, PT y PVEM defendieron el dictamen asegurando que fortalece el combate al acaparamiento del agua y al mercado ilegal, además de respetar los derechos de concesiones ya existentes. Por su parte, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sostuvieron que la reforma abre la puerta a un mayor control gubernamental sobre el recurso hídrico y podría utilizarse con fines políticos.

La discusión en lo particular que se prevé se extienda hasta la madrugada del jueves, incluirá el análisis de 529 reservas y la participación de 154 oradores, en uno de los debates más extensos de la presente legislatura.

El documento aprobado establece que el Estado Mexicano será la única autoridad facultada para regular el uso del agua y define las responsabilidades que deberán asumir los gobiernos municipales, estatales y federal. Asimismo, elimina el esquema que permitía la transmisión de derechos de agua entre particulares.

Otro punto relevante es que las concesiones que no sean usadas conforme a los fines autorizados deberán revertirse a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que decidirá su reasignación bajo criterios de mejor distribución y aprovechamiento.

El dictamen también incluye un catálogo de obligaciones en materia de responsabilidad hídrica para concesionarios y asignatarios, y crea el Registro Nacional del Agua, un instrumento destinado a reforzar la transparencia y el control de las concesiones en el país.