La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, respaldó la reciente iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para establecer “candados” constitucionales a la deuda pública. Bajo la premisa de que las finanzas sanas son el motor del fortalecimiento educativo, la funcionaria destacó que actualmente cuatro de cada diez pesos del presupuesto estatal se destinan íntegramente al sector educativo. Este manejo responsable de los recursos ha permitido impulsar obras de infraestructura, programas de permanencia escolar y, de manera crucial, garantizar la justicia laboral para el magisterio michoacano.

La propuesta legislativa busca prohibir constitucionalmente la contratación de deuda que trascienda el periodo de la gestión en turno. Con esto, se pretende evitar que administraciones futuras se vean asfixiadas por el pago de intereses, asegurando que el presupuesto se utilice para cumplir derechos fundamentales en lugar de cubrir compromisos financieros heredados. Según Molina, esta disciplina financiera asegura la soberanía del pueblo sobre sus recursos, garantizando que el dinero público sirva al propósito de educar y no a intereses bancarios que comprometan el porvenir de la entidad.

Los resultados de esta política de ahorro y honestidad impactan directamente a más de un millón 247 mil estudiantes de todos los niveles en la entidad. La secretaria subrayó que la transparencia en el gasto ha sido la clave para lograr avances históricos, como el fomento a la lectura y la regularización de pagos a docentes. Con este respaldo a la iniciativa de ley, el sector educativo se consolida como el eje prioritario de la administración estatal, proyectando un futuro donde la inversión escolar sea la base del desarrollo económico y social de Michoacán en 2026 y los años por venir.