A pesar de la creciente cifra de personas con discapacidad, los procesos electorales en México aún padecen de vacíos que permitan la inclusión de la participación total de la ciudadanía.

Fue durante la presentación del libro “El derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual”, del autor Alejandro David Avante Juárez, Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca del TEPJF en donde se señaló el abuso por omisión.

El magistrado detalló que las cifras por discapacidad de México padecen de sesgos informáticos originados por el mismo flagelo de la discriminación.

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En muchos casos, los mismos ciudadanos se niegan a sí mismos como discapacitados para evitar que se violenten sus derechos en la búsqueda de empleo y su integración en la sociedad.

“Alrededor de mil millones de personas tienen alguna discapacidad y en México la cifra presentada es del 6 %. Esto no quiere decir que tengamos menos discapacitados, eso significa que autoadscribirse sigue siendo mucho más difícil como persona con discapacidad. Las personas no se reconocen como tal. Actualmente, no hay una forma en la cual se pueda determinar que una persona pueda votar o no”, explicó.

Uno de los casos más preocupantes es que los mismos funcionarios de casillas pueden negar el acceso a la casilla a personas con discapacidad intelectual, no obstante que lo anterior no se define en protocolos, criterios o conceptos en las leyes electorales por lo que queda al antojo de los funcionarios.