Papeles contables localizados en la cabaña donde se refugiaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, revelan que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantenía una red de hackers en nómina, con pagos que incluían sueldos, viáticos y gastos de operación.
De acuerdo con autoridades federales, los documentos detallan depósitos por un total de 630 mil pesos destinados a siete piratas informáticos empleados por la organización criminal durante diciembre del año pasado. El objetivo: vulnerar sistemas financieros y plataformas de dependencias de seguridad federal para obtener información privilegiada y cometer fraudes cibernéticos.
Los registros señalan que, en la primera semana de ese mes, el cártel pagó 250 mil pesos a uno de los hackers por sus servicios. En el mismo periodo, otro experto en seguridad informática recibió 244 mil 536 pesos. Ambos habrían participado en esquemas de extorsión y fraudes como robo de identidad, engaños en tiempos compartidos, supuesta asistencia técnica y cobros por adelantado.
Además de los honorarios principales, la contabilidad incluye gastos menores: 5 mil pesos para mantenimiento de equipo y automóvil, y 3 mil 827 pesos etiquetados como “mandado hacker”, lo que evidencia una estructura operativa formalizada para estas actividades.
Autoridades federales han advertido que no solo el CJNG, sino también el Cártel de Sinaloa, han intensificado el reclutamiento de jóvenes con conocimientos avanzados en sistemas informáticos. El propósito es penetrar bases de datos oficiales, intervenir comunicaciones y facilitar operaciones financieras ilícitas.
Los documentos también revelan que la organización utilizaba Threema, un servicio de mensajería instantánea con cifrado de extremo a extremo, para la comunicación entre operadores y jefes de plaza, lo que complicaba el rastreo de sus intercambios.
La información encontrada refuerza la hipótesis de que los grupos criminales han evolucionado hacia modelos híbridos que combinan violencia territorial con sofisticación tecnológica, ampliando su capacidad de operación más allá del tráfico de drogas hacia delitos cibernéticos de alto impacto.