La mañana del domingo, un dron que transportaba un artefacto explosivo cayó en el perímetro de la escuela primaria de Zapotán. El dispositivo no detonó, pero su sola presencia a espaldas del plantel, en plena vía pública, llevó al ayuntamiento a suspender clases en todos los niveles para este lunes, con el objetivo de proteger a la comunidad escolar mientras se aseguraba la zona.

De acuerdo con los reportes iniciales, el artefacto quedó visible detrás del inmueble escolar. Vecinos alertaron a las autoridades y exigieron la intervención de personal especializado para su retiro seguro, ante el riesgo que representaba para niñas y niños del área. En su anuncio, el gobierno municipal informó que la interrupción de actividades aplicaba de preescolar a educación superior y pidió a las familias mantenerse atentas únicamente a los canales oficiales.

La decisión se tomó en un fin de semana marcado por hechos de violencia en la franja Sierra-Costa, lo que explica la sensibilidad del protocolo escolar. El episodio en Zapotán transforma una amenaza táctica en un riesgo social: un explosivo a metros de un aula obliga a actuar con prudencia antes que con optimismo.

Postura del gobierno estatal. Este lunes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que los ayuntamientos no tienen atribuciones para suspender clases y llamó a ceñirse al marco legal, al tiempo que aseguró que la situación en Coahuayana estaba bajo control y que la actividad académica debía reanudarse a la brevedad en coordinación con la autoridad educativa.

Mientras se clarifican los protocolos entre municipio y estado, la imagen de un artefacto bélico junto a una primaria deja una lección inmediata: la normalidad escolar depende de respuestas rápidas, peritajes transparentes y mensajes oficiales consistentes que eviten la confusión sin minimizar el riesgo.