A pocas horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un estado de excepción por 60 días en ocho provincias, incluido el Distrito Metropolitano de Quito.

La medida se extiende también a todos los centros penitenciarios del país y tiene como objetivo contrarrestar el aumento de la violencia atribuida a grupos armados organizados.

De acuerdo con el decreto ejecutivo, más de mil 200 homicidios violentos se han registrado en lo que va del año, muchos relacionados con el narcotráfico y extorsiones.

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Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán realizar operativos conjuntos, y se autorizó la suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en las zonas afectadas.

Simultáneamente, el gobierno decretó festivo el jueves 17 de abril por el Jueves Santo. En el sector público, la jornada será recuperada conforme a lo que determine cada institución, mientras que el sector privado deberá definir sus propios mecanismos de compensación laboral.

La oposición, encabezada por la candidata Luisa González, denunció que el cierre temporal de fronteras desde el 11 hasta el 14 de abril impide el ingreso de observadores internacionales, lo cual pone en duda la transparencia del proceso electoral.

El gobierno defendió la medida como parte de una “regulación especial temporal” para proteger la soberanía nacional durante los comicios.