Hace un año, el asalto a un canal de televisión en Ecuador condujo al presidente Daniel Noboa a decretar el “Conflicto armado interno”, un mecanismo que ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y que no ha cumplido con sus objetivos.

A lo largo de este tiempo, las 22 bandas delictivas continúan operando sin ser desarticuladas, mientras que los puertos de Ecuador siguen siendo la principal vía de salida de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Con un total de seis mil 900 homicidios intencionales, el país se mantiene como el más violento de América Latina con una tasa de 38.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Durante 2024, se decretaron siete estados de excepción en áreas de alta criminalidad, sin que esas medidas hayan logrado frenar la escalada de violencia.

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A pesar de la presencia militar en las calles con “plenos poderes”, se documentaron 15 ejecuciones extrajudiciales y más de 80 casos de tortura, según organizaciones defensoras de derechos humanos.

Además, el subdirector de Human Rights Watch, Juan Pappier, reportó un aumento en los secuestros y extorsiones, así como asesinatos de jueces y fiscales en medio de investigaciones contra la banda de los Choneros y su líder, Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, fugitivo desde diciembre de 2023.

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) informó que en 2024, trece jóvenes fueron reportados desaparecidos tras ser detenidos en operativos militares; cuatro de ellos, conocidos como los niños de Las Malvinas, fueron encontrados sin vida.

Pese a la justificación de Noboa para el conflicto interno, la Corte Constitucional ha cuestionado la medida en al menos tres ocasiones, resaltando la falta de evidencia para justificar tal declaración.