El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 11 personas de participar durante más de una década en una red que habría organizado más de mil matrimonios fraudulentos para facilitar la obtención de estatus migratorio a ciudadanos extranjeros, principalmente de China. La acusación fue presentada ante una corte federal de Manhattan.
Según los documentos judiciales, algunos extranjeros pagaban hasta 100 mil dólares por matrimonio a los facilitadores. Los ciudadanos estadounidenses reclutados para casarse podían recibir hasta 30 mil dólares, mientras que otras personas obtenían pagos por conseguir participantes.
La organización habría operado principalmente desde Nueva York, pero sus actividades se extendieron a otros estados y fuera del país. Los participantes presuntamente preparaban solicitudes migratorias, fotografías y otros documentos para presentar las relaciones como matrimonios legítimos.
La acusación señala que la red generó decenas de millones de dólares mediante estas operaciones. También habría utilizado acuerdos prenupciales y otros mecanismos para establecer que las parejas mantendrían vidas separadas después de casarse.
Entre los señalados hay personas que presuntamente reclutaban ciudadanos estadounidenses, intermediarios, preparadores de documentos y otros participantes encargados de facilitar los trámites migratorios.
Las autoridades estadounidenses describieron el caso como uno de los procesos más importantes por fraude matrimonial en la historia del país. Los acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude relacionado con documentos migratorios, además de facilitar la permanencia ilegal de extranjeros.
La investigación se desarrolla mientras el gobierno de Donald Trump mantiene una política de mayor vigilancia sobre los mecanismos utilizados para obtener beneficios migratorios. El caso, sin embargo, corresponde a una presunta operación desarrollada durante más de una década.
Las acusaciones no representan una declaración de culpabilidad. Los 11 señalados deberán enfrentar el proceso judicial y mantienen la presunción de inocencia mientras se determina su responsabilidad.