El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación ampliada contra los hermanos René y Alfonso Arzate García, alias “La Rana” y “Aquiles”, a quienes señala por delitos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades, ambos son considerados piezas clave en el control del corredor de estupefacientes que conecta Tijuana con el sur de California.

El anuncio fue realizado por el fiscal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, en una conferencia en la que participaron representantes del FBI, la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el Internal Revenue Service.

Según la acusación, René Arzate enfrenta cargos por narcoterrorismo, apoyo material a actividades terroristas, delincuencia organizada, tráfico de metanfetamina, fentanilo y marihuana, así como operaciones de lavado de dinero. Las autoridades sostienen que los hermanos han consolidado su dominio en la región fronteriza mediante violencia sistemática, incluyendo homicidios, secuestros y extorsiones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de cada uno. Ambos fueron acusados inicialmente en 2014 por narcotráfico y desde entonces permanecen prófugos.

De acuerdo con las investigaciones, los Arzate García operan para la facción del Cártel de Sinaloa vinculada a Ismael Zambada García y a su hijo Ismael Zambada Sicairos. También se les atribuye participación en la disputa interna contra el grupo de Iván Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Las autoridades estadounidenses describen a “La Rana” como un operador violento que ha fortalecido su posición dentro de la organización criminal. La acusación detalla que el grupo presuntamente emplea sicarios con estructura paramilitar, utiliza drones para vigilancia e incluso para lanzar explosivos, además de contar con armamento de alto poder.

En materia financiera, se les atribuye una red sofisticada para blanquear recursos ilícitos mediante criptomonedas, casas de cambio, empresas fachada y cuentas bancarias, con el fin de ocultar ganancias millonarias derivadas del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Durante el anuncio, el agente especial de la DEA en San Diego advirtió que la ofensiva judicial busca desarticular las estructuras que sostienen el tráfico de estupefacientes en la frontera y envió un mensaje directo a los líderes criminales aún prófugos: enfrentarán a la justicia, ya sea por entrega voluntaria o mediante captura.