El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de su lista de sanciones económicas a varios narcotraficantes mexicanos fallecidos, entre ellos Ignacio Coronel Villarreal y Heriberto Lazcano Lazcano, como parte de un proceso de modernización y depuración de su sistema de restricciones financieras.

La decisión fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo encargado de administrar las sanciones económicas estadounidenses, que informó la eliminación de 76 registros considerados obsoletos dentro de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).

Además de “Nacho Coronel” y “El Lazca”, también fue retirado de la lista Eliseo Imperial Castro.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, las bajas corresponden principalmente a personas fallecidas, embarcaciones fuera de operación, redes financieras ilícitas ya desmanteladas y registros antiguos que carecen de información suficiente para continuar con procesos de verificación.

La dependencia explicó que esta medida forma parte de la estrategia de modernización de sanciones presentada recientemente por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante la conferencia internacional “No Money For Terror” celebrada en París.

Según la OFAC, antes de retirar cada registro se realizó una revisión interinstitucional para garantizar que la eliminación no afectara la política exterior ni los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

Ignacio Coronel Villarreal fue identificado como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa y murió el 29 de julio de 2010 durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Zapopan, Jalisco.

Por su parte, Heriberto Lazcano Lazcano, considerado fundador y líder de Los Zetas, falleció el 7 de octubre de 2012 en un operativo de la Marina mexicana.

El Departamento del Tesoro aclaró que las sanciones económicas no deben entenderse como medidas permanentes y que, en ciertos casos, la eliminación de registros refleja cambios en las circunstancias o en el comportamiento de personas y entidades sancionadas.

La dependencia estadounidense indicó además que actualmente revisa la efectividad de distintos programas de sanciones para determinar cuáles continúan alineados con las prioridades de seguridad nacional del país.

Según datos del propio Tesoro, el uso de sanciones económicas se ha incrementado considerablemente en los últimos años: mientras en 2017 se registraban cerca de 880 nuevas inclusiones anuales, para 2024 la cifra superó las 3 mil.

El gobierno estadounidense reconoció también que empresas privadas han enfrentado dificultades por la revisión constante de posibles coincidencias y falsos positivos dentro de las listas de sancionados, lo que ha generado cargas administrativas y desvío de recursos.

Ante ello, Washington busca enfocar sus esfuerzos en identificar redes financieras activas y esquemas sofisticados de evasión de sanciones.