El subfiscal general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, habría solicitado a fiscales federales intensificar las investigaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico, con la posibilidad de imputarlos bajo leyes antiterroristas, al considerar que algunas redes criminales ya fueron clasificadas como organizaciones terroristas.

Singh habría planteado en una reunión con fiscales la necesidad de triplicar las acusaciones contra servidores públicos señalados de utilizar sus cargos para favorecer a grupos del crimen organizado. En su postura, estos funcionarios podrían ser procesados por brindar apoyo material a organizaciones criminales, lo que abriría la puerta a penas más severas.

En estas acciones también se analiza el alcance de investigaciones abiertas contra figuras políticas mexicanas, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, así como otros nueve servidores públicos mencionados en expedientes en curso.

La exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, señaló que este tipo de procesos podría colocar a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición compleja dentro de su propio entorno político, debido a la magnitud de las acusaciones y a la implicación de funcionarios vinculados a su partido.

Singh también habría afirmado que las personas señaladas deben ser tratadas como integrantes de estructuras terroristas, insistiendo en ampliar el número de casos abiertos contra redes de protección institucional al crimen organizado.