Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo este jueves un ataque contra otra embarcación considerada presuntamente vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico oriental, en el que murieron dos personas, informó el Comando Sur estadounidense.

“El 5 de febrero, por orden del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas”, indicó el Comando Sur a través de X, y precisó que ningún militar estadounidense resultó herido durante la operación.

El ataque se suma a la campaña conocida como Operación Southern Spear, lanzada con el objetivo declarado de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Hasta la fecha, esta estrategia ha dejado al menos 119 muertos en embarcaciones sospechosas de narcotráfico. El ataque de este jueves es el segundo registrado en 2026; el primero, ocurrido en enero, dejó dos personas muertas y un sobreviviente.

Autoridades estadounidenses han difundido poca evidencia que vincule a todos los fallecidos con carteles de drogas o confirme que las embarcaciones transportaban narcóticos. En audiencias ante el Congreso, funcionarios militares reconocieron que no se conoce la identidad de todas las personas a bordo de los barcos atacados.

La legalidad de estas operaciones ha sido cuestionada por legisladores y abogados militares, especialmente luego del primer ataque de la campaña, en el que un segundo operativo mató a dos sobrevivientes del ataque inicial. A pesar de ello, el Gobierno de Trump mantiene que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los carteles de drogas.

Funcionarios estadounidenses han defendido los ataques como una medida para reducir el flujo de drogas hacia el país, aunque de manera privada han señalado que también buscan ejercer presión sobre el líder venezolano Nicolás Maduro, capturado en enero y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos penales, de los cuales se declaró inocente el mes pasado.

Algunos legisladores y organizaciones de derechos humanos han cuestionado los métodos utilizados y argumentan que los presuntos narcotraficantes deberían ser procesados judicialmente, siguiendo la política de interdicción marítima que Estados Unidos aplicaba antes de la administración de Trump.