El Gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visa para 40 ciudadanos bolivianos, entre ellos funcionarios, exfuncionarios y sus familiares directos, bajo acusaciones de corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico.

La medida, anunciada el jueves por el Departamento de Estado, alcanza a 15 personas que ocupan o han ocupado cargos públicos y a 25 familiares. Forma parte de la política de la administración de Donald Trump para impedir el ingreso a territorio estadounidense de personas que, según Washington, socavan a gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades ilícitas.

Entre los señalados se encuentra Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general de Bolivia, así como Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija y exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

La lista también incluye a los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; al exfiscal departamental de Beni, Félix Gerardo Balderas Arteaga; al fiscal Julio César Porras Velarde; y al expresidente de la Unidad de Investigaciones Financieras, Diego Alejandro Barboza Zeballos.

Otros nombres incluidos son Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Katherine Calderón Valle, exdirectora general de Migración; y José Ayaviri Siles, exjuez penal. La relación comprende además a fiscales, mandos policiales y autoridades judiciales.

El Departamento de Estado justificó las restricciones con su política migratoria anunciada el 28 de septiembre, sustentada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. El mecanismo permite limitar la expedición de visas a ciudadanos extranjeros y familiares directos cuando Washington considera que sus actividades pueden tener consecuencias adversas para su política exterior.

La decisión se suma a las medidas aplicadas por Estados Unidos en otros países de América Latina como parte de su estrategia regional contra la corrupción y el narcotráfico, vinculada con los compromisos de la iniciativa Escudo de las Américas.

Las restricciones migratorias no equivalen por sí mismas a una condena penal. El anuncio estadounidense establece la prohibición o limitación de ingreso mediante visas, pero no representa una resolución judicial sobre la responsabilidad de cada persona señalada.