Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra nueve entidades estatales cubanas y tres funcionarios vinculados con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), como parte de la política de presión del gobierno de Donald Trump contra La Habana.

Entre las entidades sancionadas se encuentra, por primera vez, el Ministerio de la Construcción de Cuba. Las otras ocho son la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, MetalCuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal), Acinox Comercial, la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (Acorec), Coratur, Transimport y Consumimport.

Las empresas están vinculadas con sectores como minería, metalurgia, construcción, comercio exterior, importación de maquinaria y vehículos, así como el suministro de bienes para el turismo. Algunas también mantienen relación con organismos estatales cubanos dedicados al comercio exterior.

Los tres funcionarios sancionados son Fernando González Llort, presidente del ICAP; Noemí Ramona Rabaza Fernández, vicepresidenta primera, y Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al ICAP de mantener una red de influencia en Estados Unidos bajo la cobertura de intercambios culturales y educativos. El gobierno estadounidense sostiene que esa organización busca identificar y radicalizar simpatizantes.

Las nuevas designaciones bloquean los bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y restringen las operaciones con ellas. Las medidas se producen mientras Washington amplía su presión económica y política sobre el gobierno cubano.