Estados Unidos impuso este martes sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de la campaña del gobierno de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.

El Departamento del Tesoro incorporó a Akane a su lista de personas sancionadas junto con Abdoulaye Seye, abogado principal de juicio de la CPI y ciudadano de Senegal. El gobierno estadounidense los acusa de participar directamente en esfuerzos del tribunal para investigar, detener o procesar a funcionarios de países que no han aceptado su jurisdicción.

Las medidas bloquean cualquier activo que los dos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos. El Tesoro también estableció un periodo para cerrar determinadas operaciones relacionadas con Akane, que concluirá el 17 de septiembre.

Akane es jueza de la CPI desde 2018 y ocupa la presidencia del tribunal desde marzo de 2024. Su periodo al frente de la institución está previsto hasta 2027.

La nueva sanción amplía las medidas adoptadas por Washington contra integrantes de la CPI durante el gobierno de Trump. En 2025 fueron sancionados varios funcionarios del tribunal después de que la Fiscalía solicitara órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, además de las investigaciones relacionadas con presuntos crímenes cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.

Estados Unidos e Israel no son miembros del Estatuto de Roma, tratado que estableció la CPI, y ambos rechazan la autoridad del tribunal sobre sus ciudadanos.

La administración Trump sostiene que la corte ha excedido sus atribuciones y representa una amenaza para funcionarios estadounidenses e israelíes. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido una mayor presión internacional contra la institución y ha llamado a sus países miembros a reconsiderar su permanencia.

Las sanciones también han generado una disputa legal. En junio, tres jueces de la CPI demandaron al gobierno estadounidense al considerar que las medidas impuestas contra funcionarios del tribunal son ilegales.