En Michoacán, las motocicletas dejaron de ser un transporte marginal para convertirse en un símbolo de movilidad popular. Democratizaron el acceso al trabajo y al transporte barato, pero también se transformaron en un riesgo vial desbordado y en la herramienta preferida del sicariato. Hoy, las motos son tan comunes en los barrios como en las escenas del crimen.
Un boom imparable
El parque de motocicletas en Michoacán creció cerca de un 80 % en la última década, pasando de poco más de 250 000 unidades en 2018 a casi 360 000 en 2023. La pandemia aceleró esta tendencia: repartidores, jóvenes desempleados y trabajadores informales adoptaron la moto como única opción ante el encarecimiento del transporte público y de la gasolina.
Actualmente, según la Secretaría de Finanzas estatal, una de cada cuatro familias en zonas urbanas tiene al menos una motocicleta; en colonias populares de Morelia y Uruapan la proporción es aún mayor. La moto no solo es un medio de transporte, es una herramienta de subsistencia para miles de repartidores y comerciantes informales que, en su mayoría, circulan sin seguro, sin licencias y con vehículos que carecen de registro oficial.
El costo humano: accidentes y desprotección
El crecimiento trae un costo elevado. Solo en 2024 se registraron alrededor de 5 800 accidentes de tránsito con motocicletas involucradas, y el 35 % de todas las muertes viales en el estado estuvieron relacionadas con estos vehículos.
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El problema no es solo la cantidad de motociclistas, sino la forma en la que circulan: solo 2 de cada 10 usan casco certificado y 42 % de los fallecidos en accidentes no llevaban protección. Los hospitales públicos reportan un aumento sostenido de casos de trauma craneoencefálico y lesiones incapacitantes, especialmente en jóvenes entre 18 y 30 años.
La campaña estatal “¡Fíjate pues!” intenta frenar esta tendencia, pero las inspecciones de tránsito son mínimas. A esto se suma la venta indiscriminada de motocicletas: en muchas tiendas se pueden adquirir con solo un pago inicial de 500 pesos, sin exigir comprobantes de circulación ni capacitación vial.
Robos: combustible para el delito
Entre enero y abril de 2025, México registró 14 692 robos de motocicleta, un promedio de cinco por hora, y Michoacán acumuló 649 denuncias, colocándose entre los estados con mayor incidencia. La mayoría de estas unidades robadas no reaparecen en registros oficiales, lo que revela que son revendidas en mercados informales o reutilizadas para cometer delitos.
Una moto robada es un recurso ideal para el crimen: cuesta poco, puede circular sin placas y se pierde fácilmente entre cientos de unidades similares en las calles. En municipios como Uruapan y Apatzingán, policías locales admiten que menos del 10 % de los robos terminan en la recuperación de las unidades, lo que alimenta un mercado negro que funciona casi sin riesgo.
El arma perfecta del sicariato
En los últimos meses, Morelia, Uruapan y Tarímbaro han visto cómo el uso de motocicletas se consolidó como el sello más visible de la violencia urbana. Los ataques en semáforos, las ejecuciones frente a comercios y los asesinatos en colonias antes consideradas seguras se repiten con un patrón casi idéntico: dos hombres en una moto se acercan a la víctima, disparan en cuestión de segundos y huyen por calles secundarias donde no hay cámaras de seguridad.
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Tan solo en julio de 2025, varios asesinatos en avenidas principales y fraccionamientos residenciales confirmaron que el sicariato exprés ya no es exclusivo de las periferias. Colonias como Campo Nubes, Chapultepec Sur o Valle del Durazno han quedado marcadas por este tipo de ataques, que suelen ocurrir a plena luz del día y frente a testigos atrapados en el tráfico.
La lógica detrás de este método es simple y efectiva: movilidad, anonimato y bajo costo. Dos hombres bastan para operar: el conductor controla la huida, esquiva retenes y se pierde en segundos entre autos o brechas rurales, mientras el copiloto dispara con precisión. Muchos agresores se disfrazan con mochilas de repartidores o ropa de trabajo informal para confundirse con los cientos de motonetas que circulan a diario.
En las zonas rurales, la motocicleta también es parte de la guerra territorial. Células del Cártel Jalisco Nueva Generación y facciones de Cárteles Unidos las usan para rondas armadas, patrullajes en caminos de terracería y ataques relámpago. Su capacidad de entrar y salir rápido de comunidades sin levantar sospechas les da ventaja frente a camionetas, que resultan más visibles y más vulnerables a emboscadas.
Aunque la tasa de homicidios dolosos en Michoacán ha bajado un 60 % desde 2021 (de un promedio diario de 8.3 casos a 3.4 en junio de 2025), el sicariato motorizado sigue activo y, en muchos casos, impune. La motocicleta se ha convertido en una extensión de la violencia: un vehículo cotidiano que, en cuestión de segundos, puede cambiar de herramienta de trabajo a arma letal.
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Un desafío estructural
El auge de las motos en Michoacán no es solo un problema vial: es el síntoma de una desigualdad que obliga a miles a elegir la moto como medio de subsistencia y de una violencia que encontró en ella su mejor aliada.
Frenar esta tendencia implica mucho más que campañas de tránsito. Se necesitan controles reales sobre la venta y registro de motocicletas, vigilancia urbana efectiva, combate al mercado negro y estrategias específicas para desarticular el sicariato exprés.
Mientras eso no ocurra, la motocicleta seguirá representando dos caras opuestas: el vehículo que da de comer a miles y la sombra veloz que huye entre las calles después de un disparo.