La historia detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, sigue revelando capas. Un día después de que la Fiscalía General del Estado identificara al presunto autor material del crimen, un joven de 17 años, originario de Paracho, abatido durante el ataque, salió a la luz otro nombre que ha encendido la conversación: el de su padre, Víctor Ubaldo Ramírez.

El hombre, reconocido en su comunidad, formó parte en el pasado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, una de las organizaciones más visibles de representación y autogobierno purépecha. Pero este martes, el propio Consejo se deslindó tajantemente de él, revelando que fue expulsado hace dos años por agresión a un adulto mayor y por falta de honorabilidad, tras una votación en la Asamblea General de Autoridades.

“No pertenece al CSIM y fue separado de manera definitiva; se levantó el acta correspondiente”, precisó la organización en un comunicado público.
“El Consejo no defiende ni defenderá a personas que no respeten los valores de las comunidades originarias”, añadió el pronunciamiento.

El hijo sicario y el padre expulsado

El deslinde ocurre apenas horas después de que la Fiscalía confirmara que el joven Víctor Manuel Ubaldo, hijo de Ramírez, fue quien disparó contra el alcalde Manzo durante las celebraciones del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan. El menor habría consumido metanfetaminas antes del ataque y murió en el lugar, según el informe pericial.

La conexión familiar provocó una reacción inmediata dentro del CSIM, que buscó cortar cualquier intento de asociación con la figura del padre, conocido en Paracho por su carácter violento. Dentro de la organización indígena, su historial no era ajeno: varios comuneros lo habían señalado en el pasado por actitudes autoritarias y conflictos personales, lo que finalmente derivó en su expulsión.

Contexto: qué es el CSIM

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán es una red de autogobierno que agrupa a más de 60 comunidades purépechas, nahuas, otomíes y mazahuas. Su estructura se sostiene en asambleas, rotación de cargos y principios de autonomía comunal. Desde hace una década ha sido actor clave en la defensa de los recursos naturales y en la exigencia de presupuestos directos para los pueblos originarios.

Por esa relevancia política y moral, el caso de Ubaldo Ramírez representa un golpe de cuidado: un comunero con antecedentes violentos, cuya familia ahora se asocia, aunque de forma indirecta, con uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de Michoacán.

Un deslinde que busca blindar la moral comunitaria

El CSIM insiste en que el deslinde no es una maniobra de control de daños, sino una defensa de sus valores. “El Consejo no puede ser asociado a hechos contrarios al respeto y la justicia comunitaria”, señala el documento. Además, exigió castigo ejemplar para todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Manzo, considerado un atentado no solo político, sino también simbólico.

En medio del deterioro social que atraviesa el estado, la historia de este padre y su hijo expone una paradoja brutal: mientras el joven encarnó la violencia desbordada que corroe a Michoacán, su padre aparece como el reflejo de una fractura previa dentro de la misma comunidad que ahora busca deslindarse de él.

El mensaje del CSIM no solo intenta limpiar su nombre, sino recordar que la violencia también se hereda, y que las comunidades luchan por no quedar marcadas por quienes la encarnan.