El crimen organizado ha establecido centros de monitoreo clandestinos en diversas regiones del país, conocidos como “narcocentros”, los cuales operan ilegalmente en espacios públicos y están conectados a redes privadas de videovigilancia ajenas al sistema institucional C4i. De acuerdo con distintos reportes, el objetivo principal de estas instalaciones es vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad y mantener el control territorial en zonas en disputa.

La tecnología empleada por estos grupos incluye cámaras fijas, dispositivos PTZ (con movimiento y zoom) y equipos de última generación ocultos en árboles y otros puntos estratégicos, muchos de ellos alimentados por celdas solares para garantizar autonomía operativa y evitar su detección. La investigación periodística cita información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que ha identificado estas prácticas como parte de la sofisticación tecnológica del crimen organizado en México.

Ante esta situación, el Gobierno federal ha intensificado los operativos de desmantelamiento de estos equipos ilegales, en el marco del endurecimiento de la estrategia de seguridad impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas acciones buscan debilitar las capacidades logísticas y de inteligencia de los grupos delictivos, recuperar el control de los espacios públicos y restablecer la vigilancia institucional en las zonas afectadas.