El gobierno federal presentó el segundo eje del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, enfocado en el desarrollo económico con justicia. La apuesta central: reducir la violencia desde sus raíces con empleo, obra pública y reactivación del campo.

El anuncio, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el secretario de Economía Marcelo Ebrard, detalla que el programa contempla más de 57 mil millones de pesos en inversión pública, de los cuales una parte sustancial se destinará a fortalecer el tejido económico de los municipios más golpeados por el crimen organizado.

Sheinbaum aseguró que “no puede haber paz sin justicia social”, mientras Ebrard enfatizó que el objetivo es “convertir las zonas de riesgo en polos de productividad”. Los recursos se dividirán en doce ejes, de los cuales el segundo, el económico, será la columna vertebral: llevar trabajo formal a territorios donde la informalidad y el crimen han ocupado el vacío del Estado.

Michoacán cuenta con una tasa de desempleo formal de apenas 1.2 %, según el INEGI, pero esa cifra es engañosa: el 63 % de su población ocupada trabaja en la informalidad. Se trata de más de un millón 200 mil personas sin seguridad social ni ingresos estables, especialmente concentradas en municipios agrícolas.

Entre 2024 y 2025, el estado perdió casi 50 mil empleos formales, al tiempo que la violencia se intensificó en las regiones productivas. Municipios como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Uruapan y Zamora, clave en la economía agroexportadora del aguacate y el limón, han registrado aumentos en extorsiones, cobro de piso y desplazamientos forzados, factores que limitan la inversión y agravan la precariedad.

El plan plantea reforzar programas sociales existentes y abrir nuevas rutas de empleo en el campo. En la Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, se implementarán esquemas de apoyo a jornaleros y pequeños productores, rehabilitación de caminos rurales y creación de cooperativas locales.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se ampliará en Michoacán con hasta 40 mil nuevos beneficiarios, enfocado en jóvenes de municipios con alta incidencia delictiva. Asimismo, se contempla otorgar créditos blandos y subsidios a productores de aguacate, limón y maíz, sectores que concentran más del 60 % de las exportaciones agrícolas del estado.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar impulsará un programa de capacitación técnica para mujeres en comunidades rurales, con el fin de diversificar el ingreso familiar y reducir la dependencia económica de actividades ilícitas.

El Plan Michoacán se presenta como un viraje frente a los operativos militarizados del pasado. Desde el “Operativo Conjunto Michoacán” de 2006 hasta la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral” de 2014, los intentos federales por estabilizar el estado se han concentrado en la fuerza pública, con resultados limitados.

Hoy, la estrategia busca equilibrar el componente de seguridad con uno social y económico, supervisado cada 15 días desde Palacio Nacional. Sin embargo, especialistas advierten que el éxito dependerá de la capacidad de ejecución local: el dinero deberá convertirse en proyectos tangibles, evitar la corrupción municipal y llegar realmente a los territorios controlados por el crimen.

Michoacán es el cuarto productor agrícola más importante del país y aporta el 11 % del valor nacional de la producción primaria, pero también es uno de los estados con mayor fragmentación territorial por la violencia. Según la Secretaría de Seguridad federal, más del 40 % de los municipios mantienen algún tipo de presencia criminal.

En este contexto, el plan de desarrollo busca cambiar la ecuación: empleo en lugar de reclutamiento, rutas de exportación en lugar de rutas de tráfico, y presencia institucional en lugar de control armado.

La presidenta Sheinbaum advirtió que cada avance será evaluado públicamente: “Cada quince días, Michoacán tendrá seguimiento desde Palacio Nacional”.

El reto, sin embargo, va más allá del seguimiento. En un estado donde la pobreza rural, la migración y la violencia se cruzan a diario, el verdadero cambio no será visible en los informes, sino en la posibilidad de que un joven elija un trabajo y no un arma.