El Gobierno de Michoacán anunció la donación de predios para el desarrollo de viviendas en la zona del segundo anillo periférico de Morelia, un punto estratégico cuya urbanización ha generado expectativas, tensiones y un acelerado proceso de transformación territorial.

De acuerdo con información estatal, se trata de terrenos que serán destinados a proyectos de vivienda social coordinados con la Comisión Nacional de Vivienda, con el propósito de ampliar la oferta habitacional en la capital e impulsar la consolidación urbana en un corredor que ha experimentado un aumento significativo de plusvalía desde que dejó de tener carácter ejidal.

Desde inicios de 2025, el gobierno estatal había adelantado que los terrenos colindantes al segundo anillo periférico tendrían incrementos de valor extraordinarios.

El propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla estimó que la transición de suelo ejidal a urbano podría elevar la plusvalía entre 400 y 800 por ciento, un cambio que permitiría convertir una franja de tierras agrícolas en reservas urbanas de alta demanda.

Esta misma transformación, sin embargo, también ha venido acompañada de inconformidades de propietarios que acusan incumplimientos en las indemnizaciones por afectaciones derivadas de la construcción del libramiento.

En marzo, varios de ellos denunciaron pagos insuficientes y retrasos en los acuerdos pactados, lo que detonó protestas y señalamientos públicos contra la administración estatal.

Pese a esas tensiones, el Gobierno de Michoacán sostiene que la entrega de predios responde a una estrategia de ordenamiento territorial orientada a impulsar vivienda formal y servicios urbanos en una zona donde ya se realiza inversión pública en vialidad, conectividad y equipamiento.

La ubicación frente al segundo anillo periférico posiciona los terrenos como una reserva de alto valor estratégico para absorber parte de la demanda de vivienda social y mejorar la integración urbana hacia el poniente de la capital.

El anuncio también implica desafíos. La transición de suelo agrario a urbano demanda claridad en los procesos legales, transparencia en las valuaciones y cumplimiento de compromisos con los propietarios originales.

Asimismo, la urbanización acelerada supone presión adicional sobre servicios públicos como agua, electricidad, transporte y alumbrado, que deberán escalar al ritmo del crecimiento habitacional.

Otro punto central será evitar la proliferación de asentamientos irregulares y garantizar que los nuevos desarrollos se integren con infraestructura adecuada y no generen desequilibrios territoriales.

En la práctica, la entrega de predios para vivienda social se convierte en un campo de prueba para el proyecto urbano alrededor del segundo anillo periférico.

La manera en que se resuelvan los pendientes con propietarios, la capacidad para sostener infraestructura básica y la coordinación entre el gobierno estatal, la Conavi y las comunidades vecinas determinará si esta apuesta mejora la disponibilidad de vivienda o si reabre conflictos sobre tierra, plusvalía y desarrollo urbano.

Por ahora, el gobierno estatal sostiene que la donación permitirá avanzar en la consolidación de Morelia como una capital con mayor oferta habitacional formal y mejor conectividad, aunque la evolución del proyecto dependerá del manejo de los retos sociales y territoriales que ya se hicieron visibles.