En la antesala de la noche más simbólica para México, Uruapan tomó una decisión que retrata con crudeza la fragilidad del Estado frente al crimen organizado. El alcalde Carlos Manzo anunció la suspensión del Grito de Independencia y del desfile del 16 de septiembre, tras el ataque armado que cobró la vida de un policía en un retén ubicado frente a la planta de Pemex, en pleno Bulevar Industrial, una de las arterias más transitadas de la ciudad.
El ataque ocurrió cuando un grupo armado abrió fuego contra los elementos municipales que mantenían un punto de revisión en la zona. El retén, instalado para inhibir la circulación de células criminales y reforzar la vigilancia, terminó convertido en escenario de ejecución: un agente murió y la respuesta de las fuerzas de seguridad derivó en un operativo que paralizó la zona durante horas. El mensaje fue claro: incluso los espacios destinados a la prevención están en la mira de la violencia.
En ese contexto, el anuncio del alcalde adquiere otra dimensión. No se trató solo de un gesto precautorio, sino de la admisión de que los protocolos de seguridad resultan insuficientes para proteger a la población en una fecha cargada de simbolismo. Uruapan, epicentro económico del aguacate y nodo estratégico de rutas comerciales, es también territorio disputado por células criminales. Que el municipio se vea obligado a silenciar el Grito implica que la plaza pública ya no pertenece del todo al poder civil.
La suspensión significa que la comunidad fue privada de un espacio de reunión colectiva, ese instante en que miles de voces se funden enEl Grito silenciado en Uruapan: cuando la patria no es independiente de las balas
En la antesala de la noche más simbólica para México, Uruapan tomó una decisión que retrata con crudeza la fragilidad del Estado frente al crimen organizado. El alcalde Carlos Manzo anunció la suspensión del Grito de Independencia y del desfile del 16 de septiembre, tras el ataque armado que cobró la vida de un policía en un retén ubicado frente a la planta de Pemex, en pleno Bulevar Industrial, una de las arterias más transitadas de la ciudad.
El ataque ocurrió cuando un grupo armado abrió fuego contra los elementos municipales que mantenían un punto de revisión en la zona. El retén, instalado para inhibir la circulación de células criminales y reforzar la vigilancia, terminó convertido en escenario de ejecución: un agente murió y la respuesta de las fuerzas de seguridad derivó en un operativo que paralizó la zona durante horas. El mensaje fue claro: incluso los espacios destinados a la prevención están en la mira de la violencia.
En ese contexto, el anuncio del alcalde adquiere otra dimensión. No se trató solo de un gesto precautorio, sino de la admisión de que los protocolos de seguridad resultan insuficientes para proteger a la población en una fecha cargada de simbolismo. Uruapan, epicentro económico del aguacate y nodo estratégico de rutas comerciales, es también territorio disputado por células criminales. Que el municipio se vea obligado a silenciar el Grito implica que la plaza pública ya no pertenece del todo al poder civil.
La suspensión significa que la comunidad fue privada de un espacio de reunión colectiva, ese instante en que miles de voces se funden en una sola para gritar “¡Viva México!”. En su lugar, queda la resonancia de los disparos y la certeza de que la violencia puede irrumpir incluso en los rituales más sagrados de la vida pública. Es un recordatorio de que la soberanía, más que proclamarse, debe garantizarse.
El gesto político de Manzo, apelar al respaldo presidencial, ya forma parte de un patrón reiterado. Ha insistido en distintas tribunas que Uruapan no puede solo, y esa repetición habla menos de estrategia que de un callejón sin salida. La constante solicitud de apoyo desnuda la fragilidad institucional del municipio y, al mismo tiempo, la distancia de una Federación que no ha logrado articular una respuesta de fondo.
En el espejo de Uruapan se refleja una contradicción nacional. México celebra su soberanía en plazas iluminadas, mientras en otras se cancelan actos por miedo. La pregunta que deja este 15 de septiembre no es solo si la violencia arrebató una fiesta, sino hasta qué punto está arrebatando la capacidad misma del Estado para sostener la vida pública sin sobresaltos.
una sola para gritar “¡Viva México!”. En su lugar, queda la resonancia de los disparos y la certeza de que la violencia puede irrumpir incluso en los rituales más sagrados de la vida pública. Es un recordatorio de que la soberanía, más que proclamarse, debe garantizarse.
El gesto político de Manzo, apelar al respaldo presidencial, ya forma parte de un patrón reiterado. Ha insistido en distintas tribunas que Uruapan no puede solo, y esa repetición habla menos de estrategia que de un callejón sin salida. La constante solicitud de apoyo desnuda la fragilidad institucional del municipio y, al mismo tiempo, la distancia de una Federación que no ha logrado articular una respuesta de fondo.
En el espejo de Uruapan se refleja una contradicción nacional. México celebra su soberanía en plazas iluminadas, mientras en otras se cancelan actos por miedo. La pregunta que deja este 15 de septiembre no es solo si la violencia arrebató una fiesta, sino hasta qué punto está arrebatando la capacidad misma del Estado para sostener la vida pública sin sobresaltos.