En las casetas de vigilancia que han brotado como hongos en los accesos a fraccionamientos, plazas y escuelas privadas de Morelia hay un mensaje político nada sutil: la seguridad ya no se concibe como un derecho garantizado por el Estado, sino como un servicio que se compra en el mercado. La postal se repite a cualquier hora: guardias con uniforme, radios y libretas, plumas hidráulicas que suben y bajan, rondines nocturnos contratados por vecindarios. Lo que antes era un respaldo extraordinario, hoy es la primera línea de defensa. Y ese viraje tiene cifras, reglas y grietas.

A escala nacional, el tamaño del fenómeno impresiona. Solo en el primer trimestre de 2025, la ocupación de “vigilantes y guardias en establecimientos”, la categoría laboral que capta a buena parte del sector, sumó 866 mil personas, con un salario promedio de $6,650 al mes y jornadas que rondan las 58 horas semanales. Es, en los hechos, un aparato paraestatal de protección civil que crece al ritmo de la desconfianza ciudadana.

Ese músculo privado convive con un Estado que, aun cuando ha incrementado su pie de fuerza, sigue quedando corto. Al cierre de 2024, la Guardia Nacional y las policías estatales sumaron 283,204 personas, de las cuales 151,168 pertenecían a corporaciones estatales; por su parte, las policías municipales contabilizaban 139,795 elementos (corte 2023). Aun sin entrar en debates de competencias, la foto sugiere algo evidente: el universo de guardias privados supera con holgura al total de policías estatales y municipales combinados, de quienes dependen de forma directa la prevención y la proximidad.

En Michoacán, el contexto empuja esa privatización silenciosa. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de junio de 2025 colocó a Uruapan como la tercera ciudad del país con mayor percepción de inseguridad: 89.5% de su población adulta dijo sentirse insegura en su ciudad; a nivel nacional, el promedio llegó a 63.2%. Es difícil que, con un clima así, los hogares y comercios no recurran a la vigilancia contratada, aunque implique pagar dos veces: vía impuestos y vía cuotas vecinales.

Morelia refleja con nitidez la tensión. Mientras el ayuntamiento busca reforzar su corporación, la Policía Morelia ha reconocido la meta de terminar 2025 con más de mil efectivos, el Estado opera, en paralelo, una Policía Auxiliar que ofrece servicios de resguardo a entes públicos y privados y que supera los 1,156 agentes certificados, “casi el doble” de los elementos certificados de la policía municipal, según un comunicado oficial de enero. El resultado práctico es una ciudad donde lo público y lo privado ya compiten, y se complementan, en el mismo territorio, con la ciudadanía como clientela cautiva.

Que el sector privado ocupe ese espacio no significa que se mueva sin reglas. A nivel federal, la Ley Federal de Seguridad Privada establece que las empresas que operen en dos o más entidades deben obtener autorización de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Existe un padrón federal de compañías autorizadas y un registro de empresas sancionadas por incumplimientos. Además, los estados pueden exigir permisos locales: la Ciudad de México, por ejemplo, recuerda que el registro federal no es suficiente para prestar servicios en su jurisdicción, un detalle que suele pasarse por alto y que muestra lo enmarañado del marco normativo.

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En Michoacán, la operación tiene su propia arquitectura legal. La Ley de Seguridad Privada del Estado de Michoacán regula modalidades, controles y obligaciones. La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad publica padrones de empresas autorizadas, el último, actualizado al 15 de julio de 2025, detalla razón social, domicilio y permisos, y fija cuotas oficiales por trámites como autorizaciones, revalidaciones, inscripción de armas y consulta de antecedentes de cada elemento operativo, requisitos que apuntan, al menos en el papel, a ordenar el mercado. Que el ciudadano pueda consultar quién está legalmente habilitado y bajo qué condiciones ya es, en sí, un insumo de seguridad.

Pero el ordenamiento formal convive con el lado oscuro de la industria: la informalidad. No se trata solo de empresas sin permiso; también de prácticas laborales que colisionan con la ley y ponen en riesgo a trabajadores y clientes. En Morelia, la AMESP advirtió que entre 75% y 80% de las empresas del ramo siguen operando con jornadas 24×24, esto es, turnos de 24 horas trabajadas por 24 de descanso, a pesar de la reforma que penaliza jornadas superiores a 57 horas semanales. Es un dato incómodo: muchos rondines son realizados por personal agotado, con bajas remuneraciones y sin capacitación suficiente, el peor caldo de cultivo para errores en situaciones críticas.

La informalidad no es un fenómeno exclusivo de Michoacán. En distintos estados, las autoridades han detectado empresas que operan sin permisos vigentes y han emprendido cierres y sanciones. Son recordatorios de que la seguridad, cuando se privatiza sin controles sólidos, puede producir inseguridad. En Morelos, por ejemplo, la SSP local reveló en agosto de 2025 que 43 firmas prestaban servicios sin permiso; el caso ilustra el tamaño de los huecos regulatorios a escala nacional.

El mercado, además, empuja hacia abajo los salarios. Los tableros laborales muestran sueldo base promedio para guardias en Morelia rondando los $7,000 mensuales, algunas vacantes ofertan entre $9,000 y $10,000, cifras que contrastan con el riesgo del trabajo y la expectativa de jornadas largas. Con esa escala de ingresos, es comprensible que las empresas presionen por esquemas extensos, más horas por trabajador, y que la rotación sea alta. El punto no es menor: la calidad de la seguridad privada que compra un fraccionamiento o una escuela depende, en gran medida, de cuánto y cómo se le paga a quien resguarda la pluma o camina el perímetro.

Hay, sin embargo, un aspecto donde el Estado sí ha puesto orden: la publicidad de la información. La existencia de un padrón federal y padrones estatales, así como de listas de empresas sancionadas, le da a ciudadanos, administradores de condominios y rectores escolares una herramienta concreta para distinguir entre proveedores legales y patito. En Michoacán, además, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene una Dirección de Registro de Empresas de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares con canales de contacto para trámites y verificaciones, y publica los costos de los procedimientos. Si la ciudadanía va a pagar por un servicio que debería estar garantizado, al menos que lo haga con datos en la mano.

El debate de fondo, no obstante, rebasa a los padrones. La ENSU recuerda que, en junio de 2025, 72.2% de la población se sintió insegura en cajeros automáticos de la vía pública y 65% en el transporte público. Son espacios donde la vigilancia privada tiene un margen de maniobra limitado y donde el diseño urbano, la iluminación, el transporte seguro y la policía de proximidad pesan tanto o más que un par de rondines con moto. La tentación de delegar todo en un guardia es comprensible; la eficacia, discutible.

¿Qué queda, entonces, para Morelia? Primero, honestidad: admitir que la ciudad vive una coproducción de seguridad donde el sector privado llegó para quedarse. Segundo, coordinación: vincular a la Policía Morelia, a la Policía Auxiliar y a empresas con permiso en esquemas mínimos de interoperabilidad, protocolos, radios, botones de pánico, verificación de elementos (CUIP), que eviten islas operativas. Tercero, control: inspecciones laborales y administrativas que desincentiven la jornada 24×24, la subcontratación abusiva y la improvisación. Y cuarto, foco en lo público: alumbrado, transporte seguro, recuperación del espacio y justicia cívica son tareas irrenunciables del Estado, aun cuando la caseta privada esté a la vuelta de la esquina.

Porque al final, más allá de la pluma que se levanta o de la cuota que se paga en la administración del condominio, hay una línea que no conviene cruzar: convertir por completo la seguridad en un bien de lujo. En el Morelia de hoy, quien puede paga por dormir mejor; quien no puede, espera a la patrulla. Y la promesa democrática básica, que nadie deba comprar un derecho, se nos va quedando, poco a poco, del otro lado de la caseta.