En un país acostumbrado a ciclos de descontento que rara vez cristalizan en propuestas estructuradas, la movilización convocada por la Generación Z emerge hoy como un fenómeno singular. No se trata únicamente de una protesta estudiantil ni del eco efímero de las redes sociales, sino de un intento organizado, inusual por su origen y por su escala, de articular un pliego de demandas que interpela directamente al sistema político. Este sábado 15 de noviembre, jóvenes de más de 50 ciudades del país marchan con un documento de 12 puntos que, más allá de su alcance inmediato, revela el deseo de una generación por redefinir la relación entre poder, ciudadanía y rendición de cuentas.

A diferencia de otras expresiones juveniles de inconformidad, este movimiento no se explica por un detonante aislado. Creció en un entorno saturado de violencia, opacidad y desconfianza institucional, y se expandió mediante códigos culturales propios, memes, transmisiones improvisadas, el símbolo de una calavera con sombrero de paja, que terminaron por construir una identidad compartida. Jóvenes nacidos entre mediados de los noventa y principios de los dos mil, formados entre crisis superpuestas, decidieron que esta ocasión no sería solo catarsis: sería una entrada deliberada al espacio público.

El pliego que llevan hoy a las calles inicia con una petición que desafía la estructura tradicional del poder ejecutivo: la creación de un mecanismo ciudadano para la revocación inmediata del titular del Ejecutivo, ajeno a calendarios electorales y sin intermediación partidista. En caso de concretarse una destitución, proponen que el reemplazo sea elegido mediante una votación extraordinaria, abierta y directa, sin intervención de partidos políticos ni del Congreso. La lógica que articula estos tres primeros puntos es clara: evitar que cualquier crisis institucional quede monopolizada por quienes, a juicio del movimiento, han gestionado el país desde esquemas cerrados y desconectados de la ciudadanía.

El documento avanza hacia el terreno de la transparencia, donde el reclamo generacional es frontal. Exigen un blindaje real contra la compra y coacción del voto, una supervisión independiente de los programas sociales y la creación de un Organismo Ciudadano de Transparencia Total con facultades para fiscalizar a los tres órdenes de gobierno. A esta instancia se sumaría un órgano autónomo de auditoría encargado de publicar, sin filtros ni dilaciones, presupuestos, contratos y cualquier gasto público relevante.

En materia de justicia, el pliego pide una reforma profunda encabezada por un Consejo Ciudadano que revise la actuación de jueces, fiscalías y ministerios públicos, con el propósito de garantizar independencia y acceso real a la justicia. También llama a replantear la representación legislativa, eliminando privilegios y abriendo espacio a regiones y comunidades históricamente relegadas, incluidos pueblos originarios y comunidades rurales.

La seguridad ocupa un lugar central. El movimiento solicita desmilitarizar progresivamente las tareas de seguridad interior y fortalecer a las policías locales mediante auditorías ciudadanas y mecanismos de control independientes. Exigen, además, que los municipios reciban mayores recursos para seguridad, administrados bajo reglas estrictas de supervisión ciudadana que eviten la discrecionalidad que históricamente ha debilitado a los gobiernos locales.

El tramo final del documento incorpora dos propuestas de carácter ético y participativo: integrar a personas con autoridad moral, figuras con trayectoria social y sin aspiraciones partidistas, en los organismos ciudadanos propuestos, y abrir un proceso de consulta pública que permita ampliar el pliego hasta 15 puntos si la ciudadanía así lo determina. Para el movimiento, estas medidas son centrales para impedir que la estructura que dibujan termine por replicar las mismas prácticas que buscan transformar.

La amplitud geográfica del movimiento añade otro matiz: con presencia confirmada en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Culiacán, León, Mérida, Cancún y Veracruz, entre otras, la marcha se convierte en un despliegue nacional que trasciende los focos urbanos tradicionales. Las autoridades han advertido sobre posibles escenarios de caos vial, acumulación de contingentes en avenidas principales y tensión en centros históricos por desacuerdos con cierres viales y operaciones de tránsito. En varias urbes ya se registra la instalación de vallas metálicas, cordones policiales y restricción de carriles estratégicos, lo que abona a la expectativa de que la movilización no será únicamente simbólica sino disruptiva.

Según reportes oficiales, se han desplegado operativos preventivos en cada entidad participante. En la capital, por ejemplo, se estima la participación de miles de jóvenes entre el Ángel de la Independencia y el Zócalo, y se advierte posibilidad de cortes de tránsito prolongados y alteraciones al transporte público. El riesgo de que la protesta derive en embotellamientos graves o en la intervención de la fuerza pública es real, aunque los organizadores aseguran que el carácter será pacífico. Para el gobierno, la movilización plantea un dilema: por un lado, el deber de garantizar el orden y la seguridad; por el otro, evitar que la protesta sea cooptada o escalonada por grupos con agendas distintas.

La marcha de hoy no resuelve por sí sola las tensiones que alimentaron su nacimiento. Pero marca, al menos, un gesto inédito: una generación que decide traducir su descontento en un documento articulado, que reivindica la protesta como un acto de responsabilidad cívica y que intenta, desde sus propios códigos, redefinir la conversación pública. El país observará si esa voz encuentra eco más allá de la jornada, o si esta irrupción será el inicio de una nueva forma de exigencia ciudadana.