El Partido del Trabajo (PT) anunció su respaldo al llamado plan B de reforma electoral impulsado por el gobierno federal tras el rechazo de la iniciativa original en el Congreso de la Unión, y planteó exigencias para que cualquier ajuste relacionado con la propuesta no afecte los derechos laborales de las personas trabajadoras que pudiera impactar.
Autoridades y legisladores del PT sostuvieron reuniones con integrantes de la coalición que impulsa la reforma, junto con Morena y el Partido Verde Ecologista de México, para acordar la nueva propuesta alternativa que será presentada ante el Congreso. Esta iniciativa busca introducir modificaciones a leyes y estructuras electorales luego de que la primera propuesta de reforma constitucional no alcanzara la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
La versión alternativa de la reforma, denominada plan B, incluye medidas enfocadas en la reducción de gastos y privilegios asociados a los poderes legislativos locales y a determinados cargos públicos, además de proponer topes al presupuesto de los congresos estatales, límites al número de regidores municipales y la posibilidad de someter temas relevantes a consulta popular.
Representantes del PT han señalado la importancia de que este plan B no implique afectaciones a los derechos laborales, tanto de trabajadoras y trabajadores vinculados a organismos electorales como de quienes laboran en estructuras públicas o relacionadas con el proceso electoral, enfatizando que dichos derechos deben protegerse durante cualquier ajuste normativo o reestructura prevista por la iniciativa.
De acuerdo con las negociaciones que han tenido lugar en los últimos días con otros partidos de la coalición oficialista, se espera que el documento definitivo del plan B sea presentado formalmente ante el Congreso de la Unión, con la esperanza de que sea discutido y votado en sesiones próximas.
El apoyo del PT a esta nueva propuesta se enmarca dentro de los esfuerzos de la coalición política mayoritaria para mantener la cohesión legislativa y avanzar en cambios al marco electoral del país, tras la derrota de la primera iniciativa, y representa la postura oficial del partido en favor de un proceso de reforma que contemple garantías tanto en materia política como social y laboral.