En el endurecido aparato migratorio de Estados Unidos, cumplir las reglas no siempre ofrece garantías de protección. Desde la administración de Donald Trump, la política migratoria adoptó un enfoque que transformó los propios actos de cumplimiento en oportunidades de detención.

Programas como Secure Communities, que fueron relanzados en 2017, ampliaron el margen de acción de las autoridades migratorias. Bajo este esquema, las comparecencias legales de migrantes en trámite, conocidas como audiencias de supervisión, comenzaron a ser utilizadas como puntos de captura. Esto incluyó incluso a personas sin antecedentes penales.

El sistema exige que los migrantes en proceso se presenten periódicamente ante las autoridades mientras sus casos son evaluados. Sin embargo, esa misma comparecencia puede terminar en una detención inmediata. A partir de 2025, nuevas directrices endurecieron todavía más esta política bajo el argumento de agilizar deportaciones y reducir la carga acumulada en los tribunales de inmigración.

Un caso ocurrido en las últimas semanas ilustra con claridad lo impactante de esta lógica. Una mujer fue detenida después de presentarse puntualmente a su cita migratoria. Según testigos, había cumplido con todos los requerimientos legales mientras sus hijos la esperaban en casa.

Al finalizar la audiencia, agentes de inmigración la arrestaron y la condujeron hacia un vehículo oficial. Los presentes expresaron su indignación afirmando que ella estaba cumpliendo el procedimiento legal. Uno de ellos resumió el sentimiento con una frase: “Esto es imperdonable”.

Organismos de derechos humanos han denunciado de forma reiterada estas prácticas. Señalan que no solo vulneran el debido proceso, sino que además generan un efecto disuasorio. Miles de migrantes prefieren no presentarse a sus citas por temor a ser detenidos, aun cuando buscan regularizar su situación.

La paradoja es evidente. El sistema exige cumplimiento, pero penaliza el cumplimiento. En ese circuito, quienes intentan ajustarse a la ley terminan atrapados por el mismo mecanismo que debería garantizarles justicia.