En el último año, del 1 noviembre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, sindicaturas, instancias municipales, la Fiscalía General del Estado (FGE) y los Centros de Justicia Integral para las Mujeres, emitieron siete mil 442 órdenes de protección a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia en 27 municipios de Michoacán.

De acuerdo con el Informe del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género 2023 de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), las órdenes de protección tienen como objetivo proteger a las víctimas de actos de violencia, los cuales atenten contra derechos fundamentales como el derecho a la dignidad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad física o moral y, por supuesto, el derecho a la vida y a una vida libre de violencia.

A nivel municipal, sindicaturas e instancias municipales de la mujer emitieron 553 órdenes de protección. Los municipios con mayor número de órdenes de protección emitidas son Cuitzeo con 150, Morelia con 105, Maravatío con 75, Peribán con 49 y Quiroga con 22.

Dichas órdenes de protección no están sujetas a la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público; sin embargo, al ser emitidas por instancias municipales, cuentan con una temporalidad de 60 días y se pueden ampliar hasta 30 días más o hasta que cese la violencia contra la mujer.

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Abarcan la protección a la vida, libertad e integridad física, instituciones públicas se comprometen a garantizar la seguridad y reducir riesgos existentes, proteger a la víctima y la secrecía de su información personal.

La Seimujer reconoció que las órdenes de protección emitidas por las autoridades municipales siguen siendo pocas en comparación con la demanda de atención que se presenta en cada área a la que acuden las mujeres a solicitar protección.

La Fiscalía General del Estado, por medio de sus fiscalías regionales, emitió 916 medidas de protección en el mismo periodo señalado, dos mil 255 por medio de sus fiscalías especializadas y tres mil 718 por medio del Centro de Justicia Integral para las Mujeres en Uruapan y Morelia.

Dichas medidas prohíben al agresor acercarse a la víctima u ofendido, a su domicilio, entrega de objeto, vigilancia en su domicilio, se otorga protección policial y, en caso de ser necesario, se traslada a la víctima a refugios.

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes.

En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código.

La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su defensor o en su caso, el Ministerio Público, podrán solicitar al juez de control que la deje sin efectos.