El Departamento de Justicia de EUA presentó una acusación formal contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, empresarios mexicanos residentes en Texas, señalados de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP) para obtener contratos millonarios.

Según la investigación, manipularon licitaciones mediante pagos en efectivo, artículos de lujo y relojes de alta gama, favoreciendo a empresas vinculadas con Rovirosa.

De acuerdo con documentos judiciales, entre 2019 y 2021 los acusados entregaron al menos 150 mil dólares en sobornos a tres funcionarios de Pemex y PEP, a cambio de contratos valuados en 2.5 millones de dólares. La acusación también indica que Rovirosa tendría presuntos vínculos con integrantes de cárteles mexicanos, lo que añade un componente de crimen organizado al caso.

Ambos enfrentan un cargo por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos adicionales por violaciones sustanciales a esta norma, cada uno con una pena máxima de cinco años de prisión.

Tras su arresto, Rovirosa compareció ante un juez federal en Texas, mientras que Ávila permanece prófugo. El FBI y el HSI encabezan la investigación con el respaldo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina de Asuntos Internacionales.

Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino del Departamento de Justicia, advirtió que este caso debe enviar un mensaje claro: no se tolerará que se enriquezca a funcionarios corruptos para beneficio personal en detrimento de un mercado justo.

La investigación se enmarca en los esfuerzos de EUA para aplicar estrictamente la FCPA y combatir prácticas que afectan la competencia global y los recursos públicos.