Las empresas globales, que representan el 40 % de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, expresaron su preocupación por la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el Consejo de Empresas Globales, esa modificación podría generar “riesgos” que amenazarían la certeza jurídica necesaria para mantener y atraer inversiones en el país, además de ahuyentar nuevas oportunidades de negocio.

El líder del Consejo, Manuel Bravo, manifestó que la reforma podría poner en jaque el Estado de derecho y la administración de justicia en México.

“Nos preocupa que la falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial afecte negativamente las conversaciones trilaterales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se revisarán en 2026, así como otros convenios internacionales”, advirtió Bravo, haciendo referencia a alianzas con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.

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Para contrarrestar los riesgos y garantizar un entorno de inversión favorable, especialmente en el contexto creciente de relocalización de cadenas productivas (nearshoring) las 60 empresas globales han propuesto seis puntos fundamentales basados en los principios de Independencia de la Judicatura adoptados por las Naciones Unidas.

Entre esos puntos, destaca la necesidad de asegurar la independencia de la judicatura, además de establecer procesos imparciales y equitativos para la selección y nombramiento de jueces. Asimismo, plantean la importancia de garantizar condiciones de servicio e inamovilidad para los magistrados.

El cuarto punto pide que no se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias derivadas de amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

También subrayan la urgencia de establecer un periodo de implementación razonable que proteja la impartición de justicia y el Estado de derecho. Por último, se requieren directrices claras para las entidades federativas que garanticen un marco jurídico sólido y predecible.