No hubo detonaciones ese día, no hubo un evento mediático que lo explicara todo, solo la lenta acumulación del miedo, hasta que una comunidad decidió marcharse.

Más de mil 300 personas han abandonado sus hogares en la Sierra-Costa de Michoacán en lo que va de abril. El desplazamiento es silencioso, no tiene cámaras, no tiene discurso político. Solo tiene ausencias.

Las comunidades de Chinicuila, Coalcomán y Aquila llevan años resistiendo la presencia de grupos armados, pero algo se quebró. Lo que antes era tensión se volvió huida, lo que antes era amenaza se convirtió en vacío. Familias enteras salieron sin certeza de volver.

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Este fenómeno no es nuevo. En marzo, al menos 500 personas fueron desplazadas de Apatzingán por violencia del crimen organizado, mientras otras mil quedaron atrapadas en sus comunidades sin posibilidad de salir.

A nivel nacional, México reporta 386 mil personas desplazadas por violencia, una cifra que crece cada año, mientras las instituciones se limitan a contabilizar sin atender.

El desplazamiento forzado no deja escombros visibles, pero sí arrasa. Con economías locales, con estructuras familiares, con el tejido de una comunidad. Y cuando ocurre sin atención ni respaldo, el mensaje es claro: quedarse es insostenible, irse es la única estrategia de sobrevivencia.

Cada casa abandonada, cada parcela vacía, cada escuela cerrada habla de un país que no supo —o no quiso— proteger a los suyos.