En un operativo interno sin precedentes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán ha detenido o puesto bajo investigación a al menos 11 elementos de la Guardia Civil en menos de un mes, por presuntos actos de corrupción y conductas graves que comprometen la institución.

La primera acción ocurrió en diciembre, con la detención de cuatro policías estatales acusados de extorsionar a un ciudadano extranjero, exigiéndole dinero a cambio de no entregarlo a autoridades migratorias. Este caso marcó el inicio de una ofensiva interna que continuó a principios de enero con la captura de otros cinco elementos señalados de extorsionar a civiles en Morelia.

El episodio más reciente y que ha generado mayor impacto al interior de la corporación ocurrió en Pátzcuaro, donde dos agentes fueron arrestados bajo la presunción de consumir sustancias ilícitas durante un operativo federal de alto riesgo, poniendo en peligro la misión y afectando la coordinación con fuerzas federales.

Por instrucción del secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, se abrieron carpetas de investigación administrativa, se aplicaron arrestos inmediatos y se ordenaron exámenes toxicológicos masivos, enviando el mensaje de que no habrá tolerancia a conductas que manchen el uniforme o pongan en riesgo a la ciudadanía.

Desde el gobierno del estado, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, se ha transmitido una postura contundente: no se protege a policías corruptos, sino que se investigan, detienen y separan del cargo. La estrategia busca, según fuentes oficiales, no solo sancionar a los responsables, sino recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la coordinación interinstitucional.

En un contexto donde la corrupción policial ha sido históricamente una de las principales demandas sociales, esta ofensiva interna representa un cambio de paradigma: la seguridad pública ya no se mide solo por las detenciones de actores externos, sino por la capacidad del Estado para depurar sus propias filas.