En México, se cometen más de 70 mil delitos tanto a nivel local como federal cada día, sin embargo, la posibilidad de que sean llevados ante un juez es menor al 1 %.

La mayoría de los casos, incluso si son reportados, quedan estancados en la fase del Ministerio Público, lo que hace que sea casi imposible para la víctima de un delito llevar su caso ante un juez.

Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022, los ciudadanos mexicanos experimentaron un total de 26 millones 834 mil 278 delitos. Cerca del 60 % fueron robos y extorsiones.

A pesar de lo anterior, sólo se presentaron denuncias y se iniciaron investigaciones por 2 millones 164 mil 789 delitos ante las agencias del Ministerio Público. Significa que nueve de cada 10 víctimas de un delito prefieren no denunciar.

De las denuncias presentadas, únicamente 228 mil 903 casos fueron enviados a un juez por parte del Ministerio Público, lo que representa el 11 % de las denuncias y apenas 0.8 % del total de delitos cometidos.

Aunque una víctima decida denunciar un delito, solo uno de cada diez casos llegará a manos del Poder Judicial.

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Cuando un caso se encuentra ante un juez, el Código Nacional de Procedimientos Penales dicta que si existen pruebas suficientes, el juez ordenará la apertura del proceso y la investigación por parte de los fiscales continuará por hasta seis meses, o en casos excepcionales, incluso más tiempo.

Según las estadísticas oficiales del Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023, más de la mitad, es decir, el 51.8 %, de los procesos penales iniciados o en curso en 2022, lograron ser resueltos de alguna manera.

El restante 48 % permanecía pendiente debido a que estaban en etapa de investigación adicional, recursos de impugnación, o juicio de amparo.

En contraste con otras áreas como la civil o la mercantil, en el ámbito penal, las personas no pueden presentar directamente una denuncia ante un juez.

Lo anterior se debe a que el Artículo 21 de la Constitución y los Artículos 127 al 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que la recepción de denuncias y la investigación de delitos son competencia exclusiva de las agencias del Ministerio Público adscritas a las fiscalías, con el respaldo de peritos y policías.