En los últimos tres años, la Fiscalía de Michoacán abrió 70 carpetas de investigación por el delito de aborto, debido a que continúa siendo perseguido y castigado por las autoridades, aún con el decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que despenalizó el aborto a nivel federal.

La dictaminación del tribunal correspondió a que las disposiciones penales que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación.

Sin embargo, la determinación de la Corte de despenalizar el aborto en México sólo cambió el Código Penal Federal, por lo que la homologación con la Ley Federal quedó en manos de los congresos locales.

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Al corte de esta redacción, son 12 las entidades en México en las que se ha despenalizado la interrupción del embarazo: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes.

En el caso de Michoacán, la iniciativa se pateado de la tribuna legislativa en más de 10 ocasiones, mientras que el Código Penal dicta de seis meses a nueve años de prisión a quienes participen en el delito de aborto.

En el caso de un aborto con consentimiento de la persona gestante, se le impone una pena de seis meses a dos años de prisión a la persona embarazada; en caso de ser sin su consentimiento, el médico que lo practique será sujeto de seis meses a nueve años de prisión; y quien se práctique un aborto voluntario, tendrá que pasar entre seis meses y un año de trabajo en favor de la comunidad.