Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal y con esto se amplía la legalidad de la interrupción del embarazo en el país, la presidenta de la Asociación Civil Humanas Sin Violencia, Lucero Circe López Riofrío, se dijo preocupada de que en Michoacán las instituciones insistan en actitudes de desacato.

Y es que en entrevista con Evangelio, la activista detalló que hasta julio, la Fiscalía de Michoacán mantenía vigentes 13 carpetas de investigación por el delito de aborto, mientras que en otras entidades han cerrado tales casos como consecuencia de las sentencias que la SCJN ha emitido anteriormente sobre el tema.

“Habría que ver en qué sentido están estas carpetas porque entonces da la impresión de que cada uno interpreta la ley como quiere, además de que esto podría incurrir en un desacato por parte de quienes procuran y administran justicia”, expresó.

Con la última sentencia de la Suprema Corte también se dictamina que todas las instituciones de salud federales, que cubren 70% de la población, están obligadas a prestar los servicios de interrupción del aborto.

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No obstante, López Riofrío apuntó que en el caso de Michoacán, con la Secretaría de Salud, no se tienen garantizados los servicios, ya que argumentó que han tenido seguimiento en casos puntuales en el que las mujeres han sido sometidas a legrados, cuando ya se cuenta con medicamentos que precisamente evita las prácticas invasivas al cuerpo.

“Si se están realizando los legrados, quiere decir que posiblemente están incurriendo en un castigo y una acción dolosa hacia las mujeres que acuden a los hospitales por un aborto en proceso o inducido”, aseveró.

Ante esta situación, consideró que es alarmante que tanto la Fiscalía de Michoacán como la Secretaría de Salud no tengan una postura pública para garantizar que las mujeres no serán criminalizadas, discriminadas y denunciadas por acceder al ejercicio de un derecho.

En lo que corresponde a la materia legislativa, Circe López precisó que el paso a seguir es que los diputados locales hagan las modificaciones pertinentes al Código Penal del Estado en materia de aborto.

Como medida de presión y en busca de agilizar este proceso, compartió que como organización han promovido desde el año pasado una serie de amparos para lograr que descriminalice el aborto en Michoacán, por lo que están a la espera de las resoluciones.