Ante el incumplimiento de las demandas de seguridad, los pueblos originarios impugnarán cualquier intento de instalación de reglamentos de seguridad para las rondas comunitarias de Michoacán.

A un año de la formalización del proyecto de rondas comunitarias, la falta de consensos mantiene la tensión entre el gobierno local y los pueblos indígenas.

El Consejo Supremo Indígena (CSI) advirtió que las tres exigencias de las más de 100 comunidades que se encuentran dentro del proyecto no se han cumplido.

Entre las peticiones se encuentra: el reconocimiento de las asambleas comunales como la máxima autoridad de seguridad pública, así como la consolidación de rondas regionales y que el estado no abandone la presencia de seguridad en los territorios.

El vocero del máximo órgano indígena del estado, Pavel Ulianov Guzmán, señaló que ante la primera pública de reglamentos estatales buscarán los tribunales federales e internacionales.

“La gran mayoría está en proceso de certificación, pero el reglamento todavía no ha sido aprobado por secretaría de seguridad pública, está trabado. Básicamente es que nosotros insistimos en que la máxima autoridad en seguridad es la asamblea general, en segundo que tiene que haber Coordinación en rondas regionales”, explicó.

También ha generado inconformidad en las comunidades indígenas la falta de destacamentos de personal de seguridad pública y armamento.

En total, son 32 rondas comunitarias debidamente instaladas en pueblos originarios, de las cuales hasta a un 98 % les adeudan los destacamentos; el compromiso fue que en un periodo no mayor a dos años las rondas que pasaran por todos los procesos accederían a dichos beneficios y reconocimientos.