La disputa entre el diputado morenista michoacano Juan Carlos Barragán y los hermanos Guillermo y René Valencia dejó de ser solo un intercambio de acusaciones en redes para convertirse en un conflicto político-judicial con ecos de vieja historia criminal en Michoacán. En el centro está un caso de asalto a transportistas, los instrumentos del grupo Río Roma, nuevos señalamientos sobre drogas y una denuncia formal por difamación.

El punto de partida volvió a la agenda pública cuando René Valencia, activista y ex contendiente político, difundió un video en el que acusa a Alfonso Barragán, hermano del diputado, de encabezar una banda dedicada al robo de transporte de carga. De acuerdo con su versión, ese grupo habría participado en el asalto contra el tráiler que trasladaba equipo e instrumentos de Río Roma en 2018 y que, tiempo después, fueron localizados en una residencia de alto valor vinculada a la familia Barragán.

Valencia sostiene que, pese a que el hermano del legislador habría sido detenido en aquel operativo, recuperó su libertad sin consecuencias gracias al influyentismo político. En sus mensajes más recientes bautizó a este presunto grupo como “el cártel de los Barragán” y lo presentó como una red que asalta transportistas en rutas de Michoacán.

A la embestida se sumó Guillermo “Memo” Valencia, dirigente estatal del PRI y hermano de René, quien retomó la denuncia en conferencias y transmisiones en vivo. Además de insistir en la participación de Alfonso Barragán en los robos, acusó que la familia mantiene vínculos con estructuras cercanas al exgobernador Leonel Godoy, a quien responsabiliza de haber permitido durante años el crecimiento de estas redes.

En un segundo momento, los Valencia difundieron un nuevo video donde agregan otro elemento: afirman que, junto con los instrumentos de Río Roma, también se habría asegurado droga, lo que, a su juicio, refuerza la hipótesis de que no se trataba de un robo aislado, sino de una operación ligada al tráfico de estupefacientes. El material, divulgado en redes sociales, presenta imágenes y relatos editados que asocian a los Barragán con delincuencia organizada y los señalan de ser protegidos por autoridades.

La respuesta del diputado morenista llegó un día después. Juan Carlos Barragán negó tajantemente cada uno de los señalamientos y anunció que presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por difamación, calumnia y daño al honor contra Guillermo y René Valencia. En su posicionamiento público afirmó que el video utiliza fragmentos manipulados e incluso recursos de inteligencia artificial, carece de pruebas documentales y pone en riesgo la seguridad de su familia al vincularla con estructuras criminales.

Barragán hizo público el escrito de denuncia y solicitó medidas cautelares: el retiro del video de las plataformas digitales, sanciones para los responsables y protección para su familia y su equipo de trabajo. Recalcó que no existe carpeta de investigación ni antecedente judicial que lo vincule a él o a su hermano con los delitos que les atribuyen.

Lejos de bajar el tono, el legislador contraatacó en el terreno discursivo. En entrevistas y mensajes en video sostuvo que, si hay algo que investigar por vínculos con el crimen organizado, es la trayectoria de los propios hermanos Valencia. Señaló versiones sobre presuntas relaciones de estos con grupos armados en Tepalcatepec y pidió que las autoridades revisen su actuación y patrimonio.

En este cruce de acusaciones, ninguna de las partes ha aportado hasta ahora documentos públicos que confirmen las imputaciones más graves. Lo que sí existe es una batalla abierta por el relato: de un lado, los Valencia buscan instalar la idea de una red criminal ligada a los Barragán y a figuras históricas de la política michoacana; del otro, el diputado intenta reposicionarse como víctima de una campaña de linchamiento que, asegura, utiliza el tema de la violencia para golpearlo en vísperas de definiciones electorales.

El expediente penal por difamación y calumnia marcará el siguiente capítulo. De su avance dependerá si el conflicto se queda en guerra mediática o si deriva en investigaciones más amplias sobre los hechos que unos y otros han puesto sobre la mesa: el robo al tráiler de Río Roma, la supuesta presencia de drogas en aquel cargamento y los presuntos vínculos de ambos bandos con estructuras delictivas en Michoacán. Mientras tanto, el caso se suma a una larga lista de disputas políticas en el estado donde la frontera entre denuncia legítima y uso instrumental de la violencia como arma electoral sigue siendo difusa.