El conflicto laboral en Apatzingán dejó de ser una disputa sindical tradicional para convertirse en un pulso abierto sobre la continuidad de la presidenta municipal Fanny Arreola Pichardo. Trabajadores afiliados al sindicato municipal tomaron la presidencia y exigen su destitución, un movimiento que paraliza áreas clave del ayuntamiento y coloca al municipio en un escenario de crisis política.

Arreola sostiene que el sindicato ha rebasado sus atribuciones y que la autoridad está obligada a hacer valer la ley. Señala a la dirigencia como responsable de impulsar acciones que, a su juicio, se ubican fuera del marco laboral vigente. Entre sus argumentos destaca el costo de mantener al sindicato en operación, calcula que el gasto mensual ronda los nueve millones de pesos, recursos que, afirma, podrían destinarse a obras y servicios para la población.

Del otro lado, la base trabajadora argumenta que hay incumplimiento de acuerdos, falta de atención a demandas históricas y un estilo de gobierno que no reconoce sus derechos adquiridos. La toma de la presidencia es, para ellos, una medida de presión frente a una administración que consideran insensible y poco dispuesta al diálogo real.

El trasfondo es más amplio. La alcaldesa llega a este punto con un desgaste acumulado, marcado por críticas a su manejo de la seguridad, señalamientos sobre decisiones polémicas en eventos públicos y reclamos ciudadanos por la forma en que se ha comunicado con la población en episodios de violencia. La protesta sindical se suma a ese contexto y lo potencia.

Mientras no se logre un acuerdo, Apatzingán opera con oficinas cerradas, trámites detenidos y una administración local enfocada más en el pleito interno que en la agenda pública. La disputa ya no gira solo en torno a prestaciones o tabuladores, también plantea una pregunta de fondo sobre la gobernabilidad del municipio y la capacidad de la alcaldesa para reconstruir legitimidad en lo que resta de su mandato.