Con base a los antecedentes de violencia de género y discriminación, todas las instituciones educativas de Michoacán están obligadas a contar con una área interna de Derechos Humanos a partir de este 29 de noviembre.

Universidades, preparatorias e incluso instituciones de educación preescolar deberán conformar sus propios órganos de revisión interna para analizar las denuncias de los estudiantes, profesores y trabajadores.

Lo anterior, parte de la recomendación 010/2023 en agravio de una profesora del Instituto  Michoacano de Ciencias de la Educación (Imced), que fue víctima de violencia por otros profesores de dicha institución.

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Marco Antonio Tinoco Álvarez señaló que la consigna es clara en torno a las obligaciones de las instituciones académicas: tienen seis meses para cumplir con el mandato.

“Las instituciones académicas tendrán que establecer una área de derechos humanos con perspectiva de género. Tendrán que formarla. Que la propia institución genere una convocatoria pública con recursos internos y que tengan una revisión inteorgánica de sus actos”, manifestó Tinoco Álvarez.

Las quejas por parte de mujeres no dejan de llegar a la CEDH. En lo que va del 2023 se recibieron cuatro quejas desde las universidades y otras 18 de estudiantes y profesoras de preparatorias y secundarias.