El fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, autorizó la apertura de una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por el Estado de Israel en la Franja de Gaza durante los últimos dos años, periodo en el que organizaciones humanitarias calculan más de 67 mil personas asesinadas, entre ellas mil 600 médicos y enfermeros, 310 trabajadores de organismos internacionales de derechos humanos, 251 periodistas y 120 académicos y profesores.
La investigación será dirigida por Dolores Delgado, exfiscal general del Estado y actual fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, quien también encabeza los procesos contra los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.
El proceso se fundamentará en el derecho internacional, del mismo modo que España ha impulsado en el pasado causas por las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile, las Juntas Militares en Argentina y las masacres en Guatemala y El Salvador durante la década de los ochenta.
El decreto firmado por García Ortiz designa a Delgado y al jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para abrir las pesquisas y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes.
El origen de este procedimiento es un informe elaborado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, basado en testimonios de testigos protegidos y que contiene elementos probatorios sobre acciones del ejército israelí contra la población civil que podrían contravenir el Derecho Internacional.
En su resolución, García Ortiz advirtió que los hechos descritos “serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal”, y añadió que la investigación reviste “especial trascendencia y gravedad” por el elevado número de víctimas.
Mientras tanto, en Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso generó polémica al prohibir banderas palestinas en colegios públicos; más de 50 centros educativos desafiaron la orden y las exhibieron en protesta contra lo que califican como un genocidio, defendiendo su derecho a la libertad de expresión y a la educación en derechos humanos.