El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España avanzará hacia la prohibición del uso de redes sociales por parte de menores de 16 años, además de impulsar un paquete de medidas para obligar a las plataformas digitales a retirar contenidos de odio e ilegales, bajo amenaza de sanciones económicas y penales para sus directivos.

El anuncio se realizó durante la intervención del jefe del Ejecutivo en la Cumbre Mundial de los Gobiernos, celebrada en Dubái, donde adelantó que las iniciativas serán aprobadas la próxima semana en el Consejo de Ministros. El objetivo, explicó, es reforzar la protección de la infancia y recuperar el control institucional sobre el entorno digital.

Entre las medidas planteadas destaca la exigencia a las plataformas de implementar sistemas eficaces de verificación de edad, así como la creación de un mecanismo de “rastreo, cuantificación y trazabilidad” del discurso de odio en internet. Esta herramienta permitiría generar una “huella de odio y polarización” que sirva como base para futuras sanciones.

Sánchez sostuvo que los menores se encuentran actualmente expuestos a un espacio digital marcado por la adicción, la violencia, los abusos, la pornografía y la manipulación. “No deben navegar solos por un entorno que se ha convertido en un auténtico salvaje oeste digital”, afirmó, al justificar la intervención del Estado.

El presidente subrayó que la difusión de mensajes de odio debe tener consecuencias legales, económicas y éticas, y advirtió que las plataformas ya no podrán eludir su responsabilidad. En este sentido, anunció que el Gobierno trabajará junto con la Fiscalía para explorar posibles infracciones legales cometidas por empresas como Grok, TikTok e Instagram.

Asimismo, recalcó que el Ejecutivo mantendrá una política de “tolerancia cero” frente a estas prácticas y defenderá la soberanía digital de España ante cualquier forma de presión o injerencia extranjera. Las nuevas normas buscarán que las plataformas sean legalmente responsables de las violaciones que ocurran en sus espacios, incluyendo la posibilidad de responsabilidad penal para los consejeros delegados que no actúen ante contenidos ilícitos.

Durante su discurso, Sánchez lamentó que las redes sociales hayan derivado en lo que calificó como un “estado fallido”, donde se incumplen las leyes, se normalizan los delitos y la desinformación tiene más peso que la verdad. Recordó que estas herramientas nacieron con la promesa de fomentar la libertad, la transparencia y la comprensión global, pero advirtió que hoy una parte significativa de los usuarios sufre ataques de odio de forma habitual.