Mientras las autoridades judiciales de Estados Unidos están en proceso de determinar la legalidad de la ley SB4 de Texas, varios estados están considerando adoptar un enfoque similar, el cual ha sido etiquetado como xenófobo por el gobierno de México.

La SB4 estableció el delito de ingresar ilegalmente al territorio de Texas y otorga a las fuerzas policiales y a los jueces locales la autoridad para detener, encarcelar y deportar a extranjeros únicamente basándose en la sospecha de que podrían ser inmigrantes indocumentados, con penas que podrían llegar hasta 20 años de prisión.

Tanto el gobierno federal de Estados Unidos como diversas organizaciones civiles han impugnado la ley, argumentando que es inconstitucional.

Recientemente, el presidente de la Cámara de Representantes de Oklahoma, el republicano Charles McCall, presentó una propuesta legislativa para permitir que las autoridades estatales detengan a inmigrantes indocumentados.

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McCall afirmó en un comunicado que las políticas fracasadas de la administración Biden han hecho que todos los estados se conviertan en estados fronterizos. Su objetivo con esa legislación es asegurar la frontera de Oklahoma, un estado que se encuentra a más de 550 kilómetros de la frontera con México, contra lo que él describe como la crisis actual de la inmigración ilegal.

En Georgia, un proyecto de ley llamado HB-1105, conocido como la Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales, está avanzando, y requeriría que la policía local identifique y detenga a extranjeros sin documentos.

En New Hampshire, se está considerando una ley que permitiría a la policía local detener a presuntos inmigrantes indocumentados por allanamiento de morada, en lugar de ser detenidos por agentes de la patrulla fronteriza federal.

Se ha informado en los medios de comunicación estadounidenses que estados liderados por republicanos podrían presentar proyectos de ley similares a la SB4 si un fallo judicial respalda la política promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott.