El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra Cuba, que incluye a tres funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y nueve entidades estatales de la isla.

Entre los sancionados se encuentran Fernando González Llort, presidente del ICAP; Noemí Rabaza Fernández, vicepresidenta primera de la organización, y Leima Martínez Freire, directora para América del Norte.

Washington acusa al ICAP de facilitar una supuesta red de actividades subversivas en Estados Unidos mediante intercambios educativos y culturales. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el organismo habría utilizado estos programas para establecer contactos y promover acciones consideradas contrarias a los intereses estadounidenses.

Las nuevas medidas también alcanzan a ocho empresas estatales cubanas y al Ministerio de la Construcción. Entre las compañías incluidas están entidades vinculadas con los sectores de minería, metales, transporte, turismo y comercio exterior.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, las sanciones buscan limitar los recursos que, según Washington, permiten al gobierno cubano sostener sus políticas y actividades que considera represivas.

Las autoridades cubanas rechazaron las nuevas medidas y acusaron a Estados Unidos de profundizar una política que afecta directamente a la economía de la isla y dificulta el acceso a productos esenciales.

Esta es una nueva escalada dentro de la política de presión económica de la administración de Donald Trump hacia Cuba, que en las últimas semanas ha ampliado las sanciones contra funcionarios y empresas vinculadas con distintos sectores estratégicos del país.