El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca contratar una empresa privada que se encargue de localizar en México, Guatemala y Honduras a migrantes que fueron deportados o salieron voluntariamente del país y que mantienen multas migratorias pendientes de pago.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)publicó una convocatoria federal en la que solicita una compañía especializada en localización de personas fuera del territorio estadounidense, con el objetivo de notificarles sus adeudos y facilitar el cobro de las sanciones.

De acuerdo con el documento de contratación, la empresa deberá ser una compañía registrada en Estados Unidos con capacidad para ofrecer servicios de búsqueda de deudores en al menos los tres países mencionados.

Una vez ubicada la persona, el contratista deberá informarle el monto de la deuda y ofrecer alternativas para liquidarla, ya sea mediante pago total, acuerdos a plazos u otros mecanismos autorizados. El pago podrá ser realizado por el propio migrante o por un tercero.

La empresa también deberá entregar pruebas que confirmen que localizó al individuo correcto. Entre los elementos que podría recopilar se encuentran fotografías del domicilio, recibos de servicios, registros laborales u otros documentos de identificación. En caso de que la persona haya fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.

Según estimaciones de la CBP, actualmente existen alrededor de 66 mil 387 migrantes deportados o salidos voluntariamente de Estados Unidos con multas civiles pendientes, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula que el monto total de sanciones migratorias sin pagar asciende a aproximadamente 423 millones de dólares.

El gobierno de Trump reactivó en 2025 el cobro de multas civiles contra migrantes por diversas violaciones a la legislación migratoria, incluyendo el incumplimiento de órdenes de expulsión.

Estas sanciones tienen su origen en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1996, que estableció inicialmente una multa diaria de 500 dólares por no acatar una orden de salida. Actualmente, tras ajustes por inflación, la penalización puede alcanzar hasta 998 dólares diarios.

Estados Unidos ya utiliza compañías privadas para recuperar este tipo de adeudos, aunque hasta ahora sus operaciones se habían limitado al territorio estadounidense. La CBP mantiene contratos con tres empresas encargadas de cobrar multas y otros cargos impuestos por agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, la propia agencia reconoce que estas compañías no han logrado localizar hasta ahora a deudores fuera de Estados Unidos, por lo que la nueva contratación busca ampliar la capacidad de rastreo internacional.