La Casa Blanca publicó un decreto presidencial en el que establece formalmente que “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Este anuncio se acompaña de la imposición de un “arancel ad valorem adicional” a todas las mercancías importadas por Estados Unidos que sean productos de cualquier país que —de manera directa o indirecta— venda o suministre petróleo a la isla caribeña.

La medida, anunciada por la administración del presidente Donald Trump, se produce tras semanas de declaraciones del mandatario republicano en las que aseguraba que Cuba estaba “al borde del colapso”, especialmente después de que fuerzas estadounidenses secuestraran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas el pasado 3 de enero. “Cuba fracasará muy pronto”, había afirmado Trump públicamente días antes del decreto.

El gobierno de La Habana ha rechazado de manera contundente lo que califica como nuevas “amenazas y agresiones” por parte de Washington, recordando que Estados Unidos mantiene un bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla desde hace más de seis décadas. Analistas internacionales señalan que el nuevo arancel busca aislar aún más a Cuba al penalizar a terceros países que continúen comerciando hidrocarburos con ella, en un contexto de creciente tensión geopolítica en la región.